A iniciativa del diputado Miguel Ángel Covarrubias Cervantes y del ciudadano Luis Carlos Cuahutle Cuamatzi, el 12 de marzo de 2019 fueron aprobadas por el Congreso local reformas a la Ley de Ecología y de Protección al Medioambiente de Tlaxcala, para prohibir gradualmente los plásticos de un solo uso.
Sin embargo, de acuerdo a su facultad de veto, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez no ordenó su publicación y devolvió el Decreto junto con una serie de observaciones relacionadas con la verificación, vigilancia e imposición de sanciones en torno a la indefinición de las facultades que corresponderán a los ayuntamientos y a la Coordinación General de Ecología.
Por lo tanto, a más de dos años de la reforma, en Tlaxcala sigue sin surtir efectos pues no ha sido publicada en el Periódico Oficial del Estado, mientras que al menos 20 de las 32 entidades de la República Mexicana han prohibido el uso indiscriminado de forma total o parcial de bolsas de plásticos, popotes y unicel.
Lo anterior, a propósito de que este día -3 de julio- se conmemora el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, cuyo objetivo es concienciar a toda la ciudadanía para reducir y eliminar bolsas de plástico, especialmente las de un solo uso.
LAS OBSERVACIONES
El Decreto identificado con el número 88 fue devuelto al Congreso local por parte del titular del Poder Ejecutivo, que consideró contenía una serie de inconsistencias, como la inexistencia del método y técnica para determinar la composición del material por medio del cual están fabricadas las bolsas de plástico, envases, recipientes y popotes elaborados a base de polietileno y poliestireno.
Asimismo, consideró que dicho Decreto era inconstitucional, al dotar de nuevas atribuciones a la Coordinación General de Ecología del Estado, sin tomar en cuenta la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Al momento de avalar estas reformas en materia ambiental, el Gobierno estatal manifestó que la actual Legislatura realizó diversos recortes y ajustes al presupuesto para el ejercicio fiscal 2019, lo que obligaría dejar de atender diversos rubros en materia ambiental.
También, no especificaba cómo llevar a cabo la vigilancia, inspección e imposición de sanciones del amplio universo del uso de bolsas o popotes de plástico no biodegradable, así como todos aquellos derivados del poliestireno para fines de envoltura, transportación, carga, traslado o consumo de alimentos en cualquier establecimiento mercantil que preste servicios dentro del territorio estatal.
Además, obligaría a la contratación de más personal y la reestructuración de las áreas que integran esta dependencia, para estar en posibilidades de dar atención a la nueva atribución y los procedimientos de inspección. Por lo tanto, a través del veto, el gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez señaló la importancia de dotar de mayor presupuesto a la Coordinación General de Ecología, a partir del ejercicio 2020, para que en 2021 cumplieran con la transición paulatina al uso de materiales biodegradables.
ACCIONES MÍNIMAS PARA ATENDER EL VETO
El tema rebasó las fronteras locales. La Organización No Gubernamental ambientalista de índole internacional denominada Greenpeace mostró interés en el tema y emprendió una petición para que la reforma fuera aprobada, los congresistas no intensificaron los esfuerzos para atender las observaciones y no prosperó la petición.
La organización ambientalista internacional refirió que el argumento del entonces coordinador estatal de Ecología, Efraín Flores Hernández, de que aplicar la reforma a la ley afectaría a más de 900 negocios vinculados directamente con el uso de plástico, solo sería una afectación parcial a la economía local, comparada con otras entidades que registran mayores unidades de producción dedicadas a este giro.
Si bien, en el mes de julio de 2020, la entonces presidenta de la Comisión de Medio Ambiente del Congreso local, Maribel León Cruz, informó que habían iniciado una mesa de diálogo con el Gobierno del Estado para desahogar el veto pendiente, los trabajos no prosperaron.
Antes de la contingencia sanitaria sostuvieron reuniones de trabajo con personal de la Consejería Jurídica, de la Coordinación General de Ecología y de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, sin llegar a mayores acuerdos.
La pandemia, dijo, fue uno de los aspectos que los obligó a retrasar una nueva dictaminación, debido a que las Comisiones Unidas no se han podido reunir para analizar las propuestas que atiendan las observaciones envidas por el Poder Ejecutivo.
Uno de los temas que aún no podían resolver fue la definición de las competencias de autoridades estatales y municipales, sobre todo en el tema de sanciones de quienes no respeten la nueva normatividad, al referir que en la reforma no existe claridad de qué conductas se debían castigar y a quiénes imponer estas medidas de apremio.
Aunado a la contingencia, el ausentismo de varios diputados por el proceso electoral contribuyó a que la iniciativa de reforma, a dos años tres meses de haber sido aprobada por la LXIII Legislatura, se mantenga congelada, sin que haya indicios de cambios.
El diputado promotor de la reforma, Miguel Ángel Covarrubias comentó a este Diario que desconoce si existe avance para destrabar el veto que priva sobre las modificaciones a la ley en materia ecológica. Por su parte, la presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, Luz Vera Díaz, señaló que no existe un reporte del avance que se tiene para resolver este asunto.
- En dos años y tres meses el Congreso local no ha mostrado interés por destrabar el veto a la reforma en materia ecológica.
900 negocios, al menos, se verían afectados ante la prohibición del uso de plásticos.
No existe un reporte del avance que se tiene para resolver este asunto
Luz Vera / Diputada
- En dos años y tres meses el Congreso local no ha mostrado interés por destrabar el veto a la reforma en materia ecológica.
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