Las recientes reformas y aprobación de nuevas leyes implican retos para las instituciones de educación superior (IES), las cuales deberán adecuar sus normativas y estatutos para cumplir con los requerimientos de la Ley General de Educación Superior y la recién aprobada Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Entre los aspectos destacados en ambas normativas, es que la educación superior es elevada a un derecho humano, las humanidades se integran a las ciencias y los conocimientos en universidades deben resolver problemas sociales, entre otros aspectos.
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Lo anterior fue parte de los argumentos que emitieron Octavio Castillo Acosta, rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH); Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP); Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN); así como Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (Anuies).
Los cuatro ponentes participaron en el conversatorio de rectoras y rectores “Reflexiones de las IES ante la Ley General de Educación Superior y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación” que formó parte del foro nacional “Escenarios y desafíos de las IES”, organizado por el Observatorio de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, que tuvo lugar este sábado en el auditorio anexo a rectoría.
EN HIDALGO HABRÁ LEY ESTATAL DE EDUCACIÓN
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El primer ponente fue Octavio Castillo Acosta, rector de la Universidad Autónoma de Hidalgo, quien mencionó que en esa entidad están revisado el modelo educativo de la casa de estudios y están actualizando el estatuto general, pues es un referente obligado la Ley General de Educación Superior.
Compartió que el Congreso de Hidalgo está trabajando para elaborar una ley estatal en educación superior, pero salvaguardarán los intereses de la casa de estudios, así como la autonomía universitaria, la cual se ha visto agredida y han acudido a tribunales para defenderla.
Respecto a la nueva ley de ciencia, mencionó que las universidades públicas autónomas del país están obligadas a hacer docencia, investigación y extensión cultural, de ahí que celebró la ampliación en la visión de la ciencia y tecnología a las humanidades e innovación, pues estarán encaminadas en resolver problemas sociales, aunque deben ser incrementados los presupuestos destinados a estos rubros para dejar de depender del extranjero.
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Por lo tanto, dijo que las universidades públicas están llamadas a cumplir con el derecho a la educación y en los últimos años han dado muestra de un proyecto de continuidad que puede ser mejorado, de ahí que contribuyen con el laicismo y sumarán la gratuidad.
Destacó la importancia de lograr un equilibrio entre la investigación básica y aplicada para no poner en riesgo los logros de los últimos años, pues las artes y humanidades deben tener la misma importancia que la ciencia e investigación.
UNIVERSIDADES TIENEN NUEVOS RETOS
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Al respecto, Lilia Cedillo Ramírez, rectora de la BUAP, reconoció que las instituciones de nivel superior tienen nuevos retos con la reciente aprobación de la Ley General de Educación Superior y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación.
Explicó que incorporar a las ciencias duras la parte de las humanidades brindan un reconocimiento a los investigadores que, durante mucho tiempo no tuvieron y no fueron valorados.
Compartió que otro reto para las instituciones será guardar equilibrio entre la ciencia básica y la aplicada para valorar el trabajo de todos. “La ciencia aplicada es fundamental en nuestro país porque hay muchas carencias en diferentes sectores, pero no se debe descuidar la ciencia básica que permite tener vacunas efectivas y avances en materia de desarrollo biotecnológico”
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Indicó que la ley tiene buenas intenciones y para concretarlas necesitan asegurar un financiamiento para desarrollar conocimiento científico, lo cual requiere trabajo colaborativo.
Por lo tanto, las universidades deben alinear y adecuar su normatividad a las nuevas leyes de educación y la recién aprobada de ciencias, así como innovar y actualizar sus planes y programas de estudio para ir de la mano de los cambios que surgen.
Otra acción es promover la cultura de la investigación en todos los ámbitos desde las instituciones educativas, pues las dos leyes implican tomar lo mejor de ellas para reivindicar los derechos humanos y plasmarlo en acciones formativas y que contribuyan a la cultura de paz.
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PRIORIZAN BIENESTAR INTEGRAL
Rosa María Torres Hernández, rectora de la Universidad Pedagógica Nacional, destacó que de 1978 a 2021 hubo un vacío en la educación superior al solo contar con una ley de coordinación.
Detalló que la Ley Orgánica del Conacyt no incluía a las humanidades, pues tenía como objeto regular el apoyo del gobierno federal a las obligaciones para otorgar curso, fortaleza y desarrollo de investigación científica, aspecto que se conserva en la recién aprobada ley de ciencia.
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Indicó que las leyes de educación superior y ciencia plantean la renovación de la normatividad y reconocen el derecho humano a la ciencia y educación para contribuir al bienestar y desarrollo integral de las personas, además establecen criterios y fines políticos orientados a la dignidad humana, igualdad sustantiva, inclusión, bienestar social y desarrollo integral, esto significa un avance porque existe una política específica de derecho humano y una política de bienestar social.
Acotó que cada acción implica compromisos y desarrollos reflexivos de las instituciones en torno a las perspectivas para dar cuenta de la ley, de ahí que tienen un gran papel, particularmente en la prevención y atención en todo tipo y modalidad de violencia, en específico la de género.
CIENCIA Y EDUCACIÓN, DERECHO FUNDAMENTAL
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Luis González Placencia, secretario general ejecutivo de la Anuies, acotó que los cambios constitucionales y las dos leyes obedecen a la necesidad de devolver la ciencia y la educación al ámbito de ser un derecho fundamental.
Aseveró que las leyes de educación superior y de ciencia emanan de la necesidad de reformar el artículo tercero en 2019, pues la educación pública estaba mercantilizada, pero ese proceso fue revertido desde 2018 y recuperaron su contenido esencial como un derecho humano fundamental.
Explicó que los derechos humanos parten de la universalidad, lo que significa que son de todos y de ninguno al mismo tiempo, lo que hace que sean superiores y no estén sujetos a ser negociables y no están a discusión.
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Indicó que al sacar la educación del mercado, también cuenta con libertades para que las personas elijan la universidad privada o pública, pero al ser un derecho humano fundamental debe priorizarse lo público.
Por lo tanto, el artículo tercero mandata que se regulen dos ámbitos: la educación y la ciencia, que por efecto de este proceso se vio obligado a incorporar las humanidades al quehacer científico salvaguardando el carácter público.
González Placencia dijo que la nueva Ley General de Educación se incorpora al régimen de derechos fundamentales que existen en la constitución, lo cual comenzó a construirse en 2011 con la reforma de derechos humanos. Ahora, el artículo tercero y primero configuran un marco de derechos humanos y fundamentales que no puede ser obviado, de ahí que están obligados a revisar el quehacer educativo y científico para identificar que practicas eran proclives a la mercantilización y privatización para darles cauce y priorizar el ámbito público, pero dejando espacio a lo privado.
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Al hablar de derechos, las autoridades están obligadas a respetar, proteger, promover y garantizar esos derechos fundamentales a la educación, pues la ley señala ámbitos para facilitar esa tarea.
No se debe descuidar la ciencia básica que permite tener vacunas efectivas y avances en materia de desarrollo biotecnológico”
- La UATx fue sede del conversatorio “Reflexiones de las IES ante la Ley General de Educación Superior y la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación”
