Debido a que, a su consideración atenta contra la democracia y las instituciones, los líderes de los Partidos Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), Miriam Martínez Sánchez y Julio César Pérez González, respectivamente, rechazaron ampliamente lo contenido en el llamado Plan B de la reforma electoral promovida por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, aunque por su parte, el dirigente del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Carlos Augusto Pérez Hernández, respaldó el plan.
En su momento, la líder estatal del PAN sostuvo que este actuar del Ejecutivo federal es un atentado contra la democracia pues, independientemente de las instituciones que existen en el país, como son los partidos políticos, el Instituto Nacional Electoral (INE) es el mejor evaluado en sus procesos y legalidad, por eso sería una tropelía contra los mexicanos y la vida política e histórica del país.
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Es algo complicado, criticó Martínez Sánchez, el que desde el Ejecutivo federal traten de implementar esa acción, pues al final es gracias al INE que fue electo el presidente Andrés Manuel López Obrador, y muchos de los gobiernos en los que el Partido Movimiento de Regeneración Nacional gobierna, como estados y municipios.
En este sentido, se pronunció por el respeto irrestricto hacia las instituciones, además de sumarse al reclamo ciudadano sobre no debilitar el sistema democrático, el cual ha llevado años construir desde cero y el cual es un árbitro electoral vigilante de las garantías y de la ley.
Por su parte, Julio César Pérez González, del PRD, respaldó la acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley General de Comunicación Social y la Ley General de Responsabilidades Administrativas, promovida ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por el presidente Jesús Zambrano Grijalva, además de catalogar al Plan B del presidente López Obrador como un total riesgo para la democracia.
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Además, afirmó, esas reformas violan claramente los principios básicos constitucionales para elecciones transparentes, pues pretenden encubrir la propaganda gubernamental como un ejercicio de la libertad de expresión, es decir, los funcionarios y funcionarias pueden hacer campaña personalizada, utilizando recursos públicos en tiempos electorales, cuando esto está prohibido por la Constitución.
Por parte, Carlos Augusto Pérez Hernández, de Morena, afirmó que este plan permitirá ahorrar alrededor de tres mil millones de pesos, los cuales irán para las becas Benito Juárez y las pensiones para adultos mayores, entre otros programas sociales.
Sin embargo, lamentó que no haya sido a avalada tal y como la plantearon en un inicio, pues eso hubiera logrado ahorrar hasta 40 mil millones de pesos, además de que criticó que tanto el PAN como el PRD y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) no renuncien al financiamiento.
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- El Plan B también trastocará la estructura orgánica de las juntas distritales del INE, pues dejará con el personal mínimo para su operación.
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