Para vigilar y garantizar la protección de los derechos de las personas que se autoadscriben como indígenas, el Congreso del Estado emitió un exhorto para la creacióninpi de una oficina estatal encargada de atender los asuntos a los que se pueda enfrentar este sector de la población.
La propuesta impulsada por la legisladora Cecilia Villantes Rodríguez, en la que solicitaron a la Junta de Gobierno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), para que desde el ámbito de su competencia instalen una oficina de representación en la entidad.
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De crearse esta representación, la legisladora apuntó que estarían garantizando la protección de más de 28 mil habitantes que aún se autoadscriben como indígenas, conforme a información arrojada por el Censo de Población y Vivienda 2010, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística.
En la sesión, resaltó que al contar con una representación del INPI, se implementarían acciones y políticas públicas de atención diferenciada a este sector de la población, además de incorporar a las comunidades indígenas al desarrollo económico, social y cultural del estado, bajo el estricto respeto de sus tradiciones y patrimonio.
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Y es que según datos estadísticos presentados por la legisladora, de los 28 mil habitantes de origen indígena, al menos el 6 % tiene alguna limitación física o psicológica, mientras que el 20 % no cuentan con escolaridad.
SERÁ GOBIERNO GARANTE DE LA UTT
Durante la plenaria los legisladores también aprobaron que el Gobierno del Estado se constituya como garante solidario de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), para establecer un convenio de incorporación de las personas trabajadoras y beneficiarias de estas, para que cuenten con seguridad social.
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A propuesta de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, con la intención de brindar seguridad social a los trabajadores al servicio de la Universidad Tecnológica de Tlaxcala, mediante su afiliación al IMSS a fin de que tengan acceso a los servicios de salud que brinda esta institución.
Resultado de la reforma constitucional, de junio de 2011, consolidaron el derecho a la salud y el acceso a los servicios de salud como un derecho humano, con esta reforma toda autoridad está obligada a promover, proteger y respetar los derechos humanos de toda persona o trabajador.
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