Con el tiempo encima y una serie de cambios entre diputados suplentes y propietarios, legisladores locales tienen hasta el próximo 30 de junio para crear la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), pues la reforma que hicieron semanas atrás indica que entrará en funciones en agosto próximo.
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En este sentido, el presidente de la Junta de Conciliación y Concertación Política del Congreso del Estado, Jorge Caballero Román, aceptó que aunque el tiempo lo tienen encima, sí podrán sacar a flote dicha Ley, que es la que normará a la nueva Fiscalía, la cual suplirá a la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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Sin embargo, aclaró que para la integración de dicha Ley deberán ponerse de acuerdo con el poder Ejecutivo para trabajar al respecto, de ahí que buscarán el acercamiento con la gobernadora del Estado, Lorena Cuéllar Cisneros, para generar esa ley y cumplir con los tiempos.
Se tiene que poner de acuerdo con el Ejecutivo para trabajar, pero estamos en eso para que nos dé tiempo; estoy seguro que sacaremos en tiempo y forma ese pendiente que arrastramos y la Fiscalía entrará en funciones justo como está previsto en la Ley, refirió.
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Asevero que todo el trámite que debe llevar la integración de la Ley Orgánica lo tienen previsto y, aunque ya es corto el tiempo que les queda, lo van a cumplir en tiempo y forma, a pesar del cambio de los diputados suplentes por los propietarios.
De igual forma, para la entrada en funciones de dicho organismo, deberá contar con un Fiscal que resultará seleccionado mediante un concurso de oposición abierto a partir de las bases y la convocatoria que se expida para el concurso de selección. Además, para el nombramiento de la persona titular, el Congreso del Estado analizará la terna que proponga la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado y, de entre las personas propuestas, hará la designación dentro de los 15 días naturales posteriores a la presentación de dicha terna.
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De acuerdo con la ley, para ocupar el cargo de fiscal general los aspirantes no deberán haber ocupado el cargo de gobernador, secretario o su equivalente; titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado, diputado local, así como presidente municipal o titular de algún organismo público autónomo, ni senador o diputado federal durante el año previo al día de su designación, entre otros aspectos.