Ante la evidente violación al debido proceso y priorizar una salida política por encima de la razón legal, Marlene Alonso Meneses anunció que se amparará ante la decisión de diputados locales de separarla del cargo de presidenta y comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (IAIP-Tlax).
En rueda de prensa, la aún titular del organismo autónomo rechazó categóricamente la determinación tomada la madrugada de este jueves por 17 de los 25 diputados locales y sustentó que en todo momento fue violado el procedimiento de juicio político en su contra.
“No hubo un razonamiento jurídico, los diputados locales sacrificaron la razón legal y tomaron una decisión política, optaron por una salida salomónica en la que no hubo razonamientos lógico-jurídicos, su actuar no estuvo apegado a la ley”, insistió Alonso Meneses.
Lamentó que al constituirse el Congreso del Estado como Jurado Acusador, diputados hayan recurrido a un actuar negativo completamente y también violentaran sus derechos humanos en su comparecencia, al grado de negarle el uso de la voz.
“Simplemente asumieron una postura en la que ellos no resultaran afectados y ante la opinión pública quieren salir limpios, pero me están sacrificando a mí”, expresó la presidenta del IAIP-Tlax.
Entre las inconsistencias, detalló que no está debidamente fundada y motivada la responsabilidad en la que los legisladores se basaron para proceder con el juicio político en su contra, además de que no estuvieron presentes los diputados que integran la Comisión de Juicio Político, área responsable de emitir el dictamen de conclusiones, como lo marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
Por su parte, Yeny Charrez Carlos, abogada de Marlene Alonso, manifestó que si bien el dictamen fue claro al especificar que no se trataba de un tema de violencia de género, el caso será presentado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos al ser evidente la violación al debido proceso por parte de los diputados, en virtud de no fundar y no motivar por qué la presidenta del IAIP-Tlax al momento de comparecer no podía conocer el dictamen y éste carecía de firmas.
“Cuando los diputados terminan de darle lectura al dictamen, señalan los nombres de los diputados que según ellos realizaron el dictamen y obviamente ninguno de los integrantes de la Comisión Instructora estuvieron presentes”.
Agregó que lo sucedido sienta un precedente y hará historia en Tlaxcala toda vez que hace evidente que en materia de juicio político no existe el debido acompañamiento jurídico y en este caso específico se tomó una decisión salomónica que tampoco les favorece a los diputados porque “aunque tratan de limpiar su imagen, evidencian la continua violación a los derechos humanos y debido proceso”.
Agregó que a lo anterior se suma la supuesta corrupción en los dictámenes, como lo acusaron algunos diputados que no se presentaron a la sesión, además de que tampoco se sabe cuánto tiempo tuvieron los diputados para conocer el dictamen y si realmente saben si lo que aprobaron está fundamentado y no era violatorio como es evidentemente notorio.
Aunado a ello, la postura de una legisladora que en el caso de juicio político en contra de Francisco Morones Servín y David Cabrera Canales se excusa por tener afinidad familiar, pero en el caso del juicio de Marlene Alonso Meneses no se excusa, sabiendo que tiene un interés.
La postura de Marlene Alonso Meneses se deriva de la destitución de ella y los otros dos comisionados del IAIP-Tlax por, entre otras cosas, cometer infracciones en contra de las instituciones y por desacato a las resoluciones y decretos de la Legislatura.
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