En el marco del Día Mundial contra la Trata de Personas, que es conmemorado este 30 de julio, el Centro Fray Julián Garcés, las pastorales de Derechos Humanos y Social de la Diócesis de Tlaxcala, así como organizaciones de la iniciativa popular contra la trata de mujeres y niñas en Tlaxcala y Académicos y académicas comprometidas contra la trata, consideraron existe inacción gubernamental para combatir este mal.
En rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles con motivo de su jornada diocesana de prevención de la trata en mujeres y niñas, demandaron detener la indolencia, impunidad y simulación gubernamental en el combate a este flagelo, pues en Tlaxcala las redes de trata se han desarrollado ya por más de medio siglo, sin que hasta la fecha exista una aplicación de la legislación y de políticas públicas que conduzcan a su erradicación.
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En su momento, explicaron que de 2009 a 2022, a través del seguimiento hemerográfico, autoridades de Tlaxcala, de otros estados y del gobierno federal detuvieron a 246 personas involucradas en este crimen, originarias de 18 municipios tlaxcaltecas y, a pesar de esto, las redes no dejan de operar, por el contrario, la situación se agrava en medio de una violencia creciente hacia las mujeres, expresada en otros delitos claramente vinculados con la trata, como la desaparición y el feminicidio.
Asimismo, criticaron que a un año de haber publicado el Programa Estatal contra la Trata de Personas con fines de explotación sexual en niñas y mujeres, del cual todas las asociaciones y académicos fueron parte, varios de los objetivos siguen pendientes de cumplir, como son contribuir en la desestructuración y disminución de las causas sociales que originan la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y acompañar a las víctimas de trata de personas y mujeres en situación de prostitución de forma integral y con las perspectivas de género y de derechos humanos, entre otras.
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De igual forma, manifestaron su preocupación porque las acciones contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual se han reducido, también en este periodo de gobierno, sólo a difundir información a través de una campaña de videos y no a implementar de manera integral el Programa estatal, y menos a desarrollar en el eje de prevención un proceso educativo y reeducativo.