La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación al gobierno de Tlaxcala por incurrir en irregularidades en un presunto caso de trata de personas denunciado en 2019.
De acuerdo con un boletín, la recomendación también va dirigida al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, y al titular de la Fiscalía General de Querétaro (FGEQ), Alejandro Echeverria Cornejo, por violaciones a los derechos humanos de acceso a la justicia en su modalidad de procuración, y a la intimidad en relación con la integridad y seguridad personal en perjuicio de ocho personas, probables víctimas de trata.
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La información oficial señala que a pesar de que una de las víctimas denunció actos de violencia sexual, no le fueron realizados losexámenes ginecológicos ni psicológicos, los cuales están determinados en los protocolos de actuación.
Y es que, de acuerdo con datos de la CNDH, el cinco de marzo de 2019 recibió una queja de una de las víctimas, en la que señaló que después de estar aproximadamente 15 años desaparecida, su hija fue rescatada en Tlaxcala junto con sus tres hijos menores de edad, por lo que interpuso la denuncia ante la FGR por los delitos de matrimonio forzado y servil, y por trabajo forzado, donde se radicó una carpeta de investigación.
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Sin embargo, dijo que la Fiscalía se declaró incompetente para conocer del asunto, por lo que formuló una ampliación de declaración, y determinó remitir la investigación a la FGEQ.
Posteriormente, fue detallado que una semana antes de su rescate, la víctima sufrió una agresión sexual, sin que el personal pericial de la FGR y de la Procuraduría de Tlaxcala llevaran a cabo una revisión exhaustiva del estado de salud de la víctima, pues omitieron realizar un examenginecológico para determinar si había o no lesiones de tipo sexual, aunque no fueran recientes y, en caso de existir, brindarle tratamiento médico y quirúrgico especializado.
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La información señala que tampoco se realizó una valoración psicológica a la víctima, tal como lo precisan los protocolos aplicables.
En el caso específico de Tlaxcala, dice que la PGJE incurrió en varias dilaciones injustificadas y omisiones, ya que no solicitó la entrega de los informes a la Policía de Investigación, y pasó por alto los datos enviados por la FGR para generar diligencias para agotar diversas líneas de investigación.
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Y con ello, establece la recomendación, vulneró el derecho de justicia de la víctima, además de que actuó con dilación en la ejecución de diligencias solicitadas por el Ministerio Público e incurrió en tardanza, sin justificación, en la entrega de los informes respectivos.
Aunado a lo anterior, no se dio respuesta a las peticiones realizadas por la víctima, a través de sus asesores jurídicos, respecto del estatus y desarrollo de su procedimiento
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El organismo nacional también acreditó que personal ministerial de la PGJE expuso en una notificación a la FGEQ, de forma explícita y sin reserva, el nombre y la edad de las víctimas, omitiendo las claves que les fueron asignadas desde un inicio por personal ministerial de la FGR, por lo que pasó por alto resguardar su identidad, vulnerando su derecho a la intimidad con relación a la integridad y seguridad personal.
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LAS RECOMENDACIONES:
Las recomendaciones para que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, entre otras, es que continúe con la debida integración y perfeccionamiento de la carpeta de investigación correspondiente, y se practiquen a la brevedad las diligencias para el esclarecimiento de los hechos y para determinar, en su caso, la probable responsabilidad penal que corresponda.
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Asimismo, que se inscriba a las víctimas en el Registro Estatal de Víctimas, que se repare el daño y se les brinde una compensación justa y suficiente, además de otorgarles atención psicológica y médica especializada durante el tiempo que lo requieran, previo consentimiento de las víctimas.
La Comisión Nacional pidió que se colabore con los Órganos Internos de Control y la Contraloría correspondientes en el trámite y seguimiento de las denuncias administrativas que sean presentadas en contra de las personas servidoras públicas responsables.
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