Durante el 2020, la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió recomendaciones a tres municipios que presuntamente incurrieron en violación a garantías de sus ciudadanos.
El primero de ellos fue San Juan Totolac, que recibió dos recomendaciones.
La primera de ellas dirigida a los integrantes del ayuntamiento por faltas al principio de legalidad en el desempeño de la función pública, pues un exempleado jubilado acusó que, por instrucciones del alcalde Giovanni Pérez Briones y sin mediar procedimiento alguno, le fue suspendido el pago de su pensión, su único sustento.
Una segunda recomendación fue para el presidente Giovanni Pérez Briones, toda vez que un policía municipal detuvo a una persona a la que golpeó y despojo de 10 mil pesos.
En ambos casos fue solicitado dar una disculpa pública, iniciar los procedimientos administrativos internos correspondientes e instrumentar cursos de capacitación o talleres al personal del ayuntamiento.
La CEDH emitió una tercera recomendación, en esta ocasión a Héctor Domínguez Rugerio, presidente municipal de Chiautempan, puesto que policías adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad de esa comuna incurrieron en abuso de autoridad en contra de dos menores de edad.
Por ello, pidieron al alcalde emitir una disculpa pública dirigida a las víctimas ya la sociedad, y reparar el daño de manera integral a las víctimas, que comprende el aspecto físico, psicológico y económico.
La última y más reciente recomendación fue para el cabildo de Xaltocan, que fue señalado de ocupar ilegalmente una propiedad privada para realizar un evento, y que además deterioró.
Según la recomendación y tras las investigaciones hechas por la Cuarta Visitaduría del organismo autónomo, en un festejo del 30 de abril, con motivo del Día del Niño, la delegada municipal de Xaltocan organizó un evento sin la autorización del dueño del predio, y que presuntamente argumentó que uso ese sitio solo porque le gustó.
Por ello, el ayuntamiento debe ofrecer una disculpa pública al quejoso, iniciar la investigación, sustanciación y calificación de las faltas administrativas cometidas y ejecutar cursos de capacitación, pláticas o talleres a la servidora pública acusada.
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