Como parte de las propuestas para garantizar que las mujeres puedan acceder a una vida libre de violencia, la presidenta de la Comisión de igualdad de género y contra la trata de personas del Congreso del Estado, Lorena Ruiz García, propuso una serie de reformas a la Ley en la materia, con la finalidad de alcanzar la igualdad entre hombres y mujeres, así como el acceso a la justicia con perspectiva de género en todos los órdenes de gobierno.
Durante la sesión ordinaria de este martes, la legisladora del Partido del Trabajo planteó que en el caso de violencia vicaria la justicia castigue a quien utilice como medio a las hijas e hijos, familiares, personas mayores de 60 años de edad, con discapacidad, mascotas o bienes de la víctima para causarle algún tipo de daño o afectación psicoemocional, física y económica, entre otras, además de incluir el acoso u hostigamiento sexual.
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Por otro lado, en el caso de la alerta de género, la cual ya prevalece en la entidad, buscarán que garantice la vida y seguridad de las mismas, el cese de la violencia en su contra y eliminar las desigualdades producidas por una legislación que agravia sus derechos humanos, por lo que se deberá establecer un grupo interinstitucional y multidisciplinario con perspectiva de género que dé el seguimiento respectivo.
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Aunado a lo anterior, dijo que este grupo tendrá que implementar las acciones preventivas, de seguridad y justicia, para enfrentar y abatir la violencia feminicida, además de elaborar reportes especiales sobre la zona y el comportamiento de los indicadores de la violencia contra las mujeres, para lo cual deberán asignar los recursos presupuestales necesarios para hacer frente a la contingencia de alerta de violencia de género contra las mujeres, y hacer público el motivo de la alerta y la zona territorial que abarcan las medidas a implementar.
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Asimismo, expuso que cuando una mujer o una niña víctima de violencia solicite una orden de protección a la autoridad administrativa, ministerial y/o judicial, le deberán brindar toda la información disponible sobre el procedimiento relacionado con la propia orden, lo cual deberá ser con un lenguaje claro, sencillo y empático a la mujer víctima de violencia sobre su derecho a solicitar las órdenes de protección, y evitará cualquier información tendiente a inhibir o desincentivar la solicitud.
También, agregó que habrán de realizar la medición y valoración del riesgo, la valoración médica en caso de requerirse, así como la valoración psicológica y las autoridades competentes de los tres órdenes de gobierno, que reciban denuncias anónimas de mujeres y niñas víctimas de violencia, decretarán las órdenes de protección correspondientes.
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Por otro lado, indicó que el Programa contendrá acciones con perspectiva de género para impulsar y fomentar el conocimiento y el respeto a los derechos humanos de las mujeres; niveles educativos y de instrucción, con la finalidad de prevenir, atender y erradicar las conductas estereotipadas que permiten, fomentan y toleran la violencia contra las mujeres.
De igual forma, puntualizó que a la Secretaría del Bienestar corresponderá fomentar el bienestar y desarrollo social desde la visión de protección integral de los derechos humanos de las mujeres con perspectiva de género, para garantizarles una vida libre y plena sin ningún acto de violencia en su contra; además de formular política de bienestar y desarrollo social del estado.
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En lo que respecta a los municipios, podrán aplicar infracciones como apercibimiento público, multa de 40 a 120 días de Unidad de Medida y Actualización vigente en el estado, y el Instituto Estatal de la Mujer considerará para la individualización de la gravedad de la conducta discriminatoria contra la mujer, niña o adolescente las condiciones socioeconómicas del infractor o la infractora.
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