Desde el 18 de marzo, cuando por la contingencia sanitaria por Covid-19 el Congreso local acordó suspender todas las actividades presenciales, en el seno del Poder Legislativo fue avalada la emisión de dos leyes y reformas a otras disposiciones legales, temas considerados como urgentes.
A finales de abril, los diputados locales aprobaron la emisión de la nueva Ley de Archivos para el Estado de Tlaxcala, para establecer las bases y principios para la buena administración, organización y conservación homogénea de los archivos en posesión de los sujetos obligados.
Luego, el 19 de mayo hicieron lo propio con la nueva Ley de Educación para el Estado de Tlaxcala, en la que se estableció como parte de los cambios sustanciales la cobertura universal educativa desde nivel inicial hasta la superior.
A finales de marzo, los parlamentarios elevaron los Programas del Bienestar a rango constitucional, al aprobar la minuta enviada por el Senado de la República, con lo que se garantiza el acceso a la población a servicios de salud, medicamentos, pensión para adultos mayores y becas a jóvenes.
LA SESIÓN DE MAYO
El 28 de mayo, los legisladores reformaron ocho ordenamientos locales para armonizarlos con leyes generales y así garantizar el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y sus derechos a la participación política.
Sin embargo, durante esa sesión la diputada del Partido del Trabajo, Irma Yordana Garay Loredo, fue removida como presidenta de la Junta de Coordinación y Concertación Política y fueron modificadas otras comisiones ordinarias del Congreso local.
Ese fue el motivo del inicio en el Legislativo de una pugna entre dos grupos: uno que acusa presunta violencia política por razón de género y otro acusado se cometerla.
ENDURECEN PENAS CONTRA EL MALTRATO
Recientemente el Congreso local endureció las penas contra maltrato a grupos vulnerables y, entre otras cosas, avaló una serie de reformas para resolver prontitud sobre juicios de pérdida de patria potestad o de adopciones.
Sin embargo, dichos cambios a los Códigos Penal y Civil, así como a las Leyes de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y de Adopciones, permanecieron estancadas por desacuerdos personales entre los diputados locales, quienes buscaban la destitución del director de Comunicación Social.
SE ADAPTARON A PANDEMIA
Los congresistas se adaptaron a la nueva normalidad por la pandemia, por lo que además de suspender las actividades presenciales, avalaron integrar modalidad de sesiones extraordinarias electrónicas.
Además, el contexto de ese nuevo coronavirus les orilló a legislar al respecto y, a finales de abril, aprobaron castigar con penas de hasta seis años de prisión a quienes agredan a servidores del Sistema Estatal de Salud en Tlaxcala durante la contingencia sanitaria.
Al ser Tlaxcala una de las entidades que menos cumplió con la Jornada Nacional de Sana Distancia, los diputados locales exhortaron a los 60 ayuntamientos y a sus comunidades a establecer medidas legales que consideren pertinentes a quienes no respeten las disposiciones sanitarias.
Así también, para que durante la contingencia sanitaria, los ayuntamientos y organismos descentralizados encargados del suministro de agua potable en la entidad, aplacen los pagos del servicio de agua potable para evitar una crisis económica para las familias.
- Aunque son diversas las actividades que han sido postergadas, los diputados locales avalaron modificar los plazos para la fiscalización de los entes públicos marcados en la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.
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