Conocer cuál es el salario de sus autoridades, el número de empleados que hay en las administraciones, el recurso público que reciben e informes sobre el gasto, padrón de proveedores y contratistas, inventario de bienes y cualquier información que sea de interés público, es un derecho de cualquier persona.
Además, la legislación es muy clara al respecto y cualquier autoridad, entidad, organismo de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como entes autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, y persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado y municipios, están obligados a transparentar esa información.
Pero no solo deben hacer pública la información, documentos y políticas en sus respectivos medios electrónicos, como sus páginas de internet, sino que las personas deben acceder de forma fácil.
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Sin embargo, el contenido de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tlaxcala es “letra muerta” para prácticamente todos los sujetos obligados del estado, pues no todos cuentan con un sitio de internet para poner a disposición de las personas su información, y quienes la tienen cumplen a medias.
Y de acuerdo con información oficial, quienes incumplen con la legislación local han sido sancionados solo con amonestaciones públicas, pero ninguno ha tenido que pagar una multa económica por violentar el derecho de los tlaxcaltecas para acceder a la información pública.
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CUMPLEN A MEDIAS
El Sol de Tlaxcala visitó varios de sitios de internet de municipios, de los tres Poderes, de organismos autónomos y hasta de partidos políticos, y comprobó que cumplen a medias, pues no contienen toda la información que deben hacer pública, presentan datos de años anteriores, tienen links rotos o hay quienes de plano no tienen un sitio, como el municipio de Emiliano Zapata.
El Poder Ejecutivo cuenta con una página en la que es fácil acceder al rubro de transparencia, desde donde es posible conocer la información de los organismos centralizados, descentralizados, desconcentrados y otros.
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Empero, no todos poseen información completa o actualizada, y en ese supuesto se encuentra el Patronato de la Feria de Tlaxcala que presenta datos de 2017; la Secretaría de Educación Pública y la Unidad de Servicios Educativos del Estado de Tlaxcala muestran 2020, con datos del fallecido Florentino Domínguez Ordoñez, extitular de esa dependencia, y en la Secretaría de Salud, la remuneración su titular no fue encontrada o es complicado acceder a ella.
En el caso del despacho del Poder Judicial se trata de una página completa, pero que tiene deficiencias en su organigrama al contener los nombres de los funcionarios, pero que es posible consultarlos en el directorio.
El sitio del Congreso local no contiene una estructura orgánica, la información de los salarios de los funcionarios, servidores y personal de confianza es del ejercicio fiscal 2020 y solo aparecen las declaraciones de situación patrimonial de seis diputados, pero que al estar alojada en una página de una organización civil no habilitada, es imposible conocerlos.
En situación similar está la Comisión Estatal de Derechos Humanos que no tiene un organigrama actualizado, el Partido Movimiento Regeneración Nacional cuyos datos son del año pasado, o la del municipio de Tlaxcala, en cuyo directorio no ha sido actualizado el nombre de la nueva alcaldesa.
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NO HAY ESPECIALISTAS EN LA MATERIA, DICE ALONSO MENESES
Para la expresidenta del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Iaip-Tlax), Marlene Alonso Meneses, en la mayoría de los casos los sujetos obligados incumplen con esas obligaciones puesto que en el área encargada de ello no existe una persona con conocimientos en la materia
Opinó que las obligaciones de trasparencia son bastantes, de ahí que sea necesario que haya personal específico en esa área, pues en muchos de los casos quienes están a cargo de las unidades de trasparencia y de dar cumplimento a las solicitudes de información y protección de datos personales tienen otra actividad encomendada, como atender el área de comunicación social, por ejemplo.
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Por eso, consideró que es urgente la capacitación de personal para que puedan cumplir con la ley y que se debe destinar una partida económica, dentro de sus Presupuestos de Egresos, lo que además permitirá una información proactiva, para que sin necesidad de una solicitud esté al alcance de todos. Sin embargo, también mencionó que se deben endurecer las sanciones o establecer una clasificación de las faltas y las medidas de apremio que serán aplicadas en caso de no cumplir con la ley.
Y todavía hace falta trabajar para que las sanciones realmente sean aplicadas, porque creo que tienen que ser más específicas para que los sujetos obligados sepan que deben garantizar ese derecho, expresó.
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Por su lado, el presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala, Didier López Sánchez, señaló que la ley ya tiene “dientes”, y que si alguien no cumple con sus obligaciones pueden ser sancionado, de ahí que no hace falta endurecer las penas.
Indicó que no han llegado a la sanción económica, pues tras las amonestaciones públicas los sujetos obligados han entregado la información que en su momento les fue requerida y que no otorgaron, lo hicieron a medias o por un medio no solicitado.
Recordó que en lo va de este año han amonestado públicamente a los municipios de Huamantla (en cuatro ocasiones), a Tlaxcala (dos), Chiautempan, Panotla y Tetlanohcan, pero ninguno de forma económica.
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Por su parte, Luz Vera Díaz, presidenta de la Comisión Permanente del Congreso local, consideró que no es necesario aplicar multas a la ley puesto que ya están establecidas y que lo único que hace falta es que las autoridades hagan consciencia de que deben cumplir con esa responsabilidad.
Más que endurecer sanciones se trata de la difusión y de hacernos consientes de las responsabilidades que ya establece la ley, y que creo que son bastante oportunas, pero que pasamos por alto hasta que tenemos el problema,mencionó.
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Los sujetos obligados deben poner a disposición del público en los respectivos medios electrónicos la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas.
Entre ellos, el marco normativo aplicable como leyes, códigos, reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, criterios o políticas; su estructura orgánica completa; y las facultades de cada una de las áreas que los integren con sus metas y objetivos.
Eso además de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones deban establecer; el directorio de todos los servidores públicos a partir del nivel de jefe de departamento o su equivalente; la remuneración bruta y neta de todos los servidores; los gastos de representación y viáticos; el número total de las plazas y del personal de base y confianza y las contrataciones de servicios profesionales por honorarios.
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INFORMACIÓN
El público debe tener a disposición la información de los programas de subsidios, estímulos y listado de servidores públicos con sanciones administrativas, entre otros temas
Hace falta trabajar para que las sanciones realmente sean aplicadas, porque creo que tienen que ser más específicas para que los sujetos obligados sepan que deben garantizar ese derecho
Marlene Alonso Meneses / Expresidenta del Iaip-Tlax
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