El Estado mexicano es culpable de no garantizar la vida a las mujeres, aunque no tiene una figura como persona para matar, es omiso, negligente y no se corresponsabiliza lograr una existencia sin riesgo para la ciudadanía, externó en su mensaje María Marcela Lagarde y de los Ríos, en la ceremonia del 47 aniversario de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

En su mensaje, precisó que la Corte Latinoamericana de Derechos Humanos determinó que el Estado mexicano tiene la responsabilidad jurídica con la sociedad de garantizar el ejercicio y acceso a los derechos humanos, pero al no cumplir con esto es necesario revisar que está haciendo mal y que hace falta.

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Aseveró que al asistir a universidades como la Autónoma de Tlaxcala confirma que es necesario formar especialistas en convivencia, labor que desempeña la institución en la entidad, de ahí que el camino que deben seguir estas escuelas, las organizaciones civiles y gobiernos democráticos es asumir la responsabilidad para desterrar del país los crímenes y lograr el respeto a la vida y la libertad de mujeres y niñas.

Agregó que las mujeres deben tener una vida libre de violencia, pero también de miedo para que las niñas y universitarias dejen de evadir los terrenos baldíos o lugares oscuros, que al salir a su trabajo deban cuidarse de ser agredidas, lastimadas y víctimas de feminicidio, que es ejercido por el poder patriarcal en contubernio de la sociedad y muchas veces del Estado, lo cual externado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

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Respecto a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia aseveró que no omite la condición de género en el planteamiento del problema, tampoco deja de lado el poder patriarcal que esta atrás de cada crimen y maltrato contra mujeres y niñas, lo que trata es erradicar la violencia sanguinaria y el feminicidio, dejar de reparar el daño que ocasiona la cultura patriarcal en el mundo.

Por lo tanto, aseveró que todos los homicidios de mujeres deben ser investigados como feminicidios y ya después, sino reúnen elementos probatorios, podrán juzgarlos de otra manera y lamentó que los Ministerios Públicos no tengan formación suficiente y aun así son los encargados de decidir si es feminicidio o no.

Lagarde y de los Ríos puntualizó que todos los atentados contra niñas y mujeres son feminicidios, de ahí que están obligados a crear una política nacional de Estado para percibir, aprender y castigar esos crímenes, pero lograrlo con justicia, equidad y respeto a los derechos humanos.

Finalmente, dijo que es necesario aprender a investigar, analizar y juzgar con perspectiva de género para eliminar el feminicidio desde políticas públicas y no desde acciones voluntariosas, sin presupuesto ni especialistas capaces que banalizan el tema.

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Las universidades deben formar especialistas en convivencia y asumir la responsabilidad de desterrar los crímenes para lograr el respeto a la vida y la libertad.