Desde 2017, año en que cambió la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) ha interpuesto 180 denuncias, de las cuales 150 fueron ante la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) y el resto ante el Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), informó el titular del órgano técnico del Congreso local, Arturo Lucio Salas Miguela.
En entrevista, reveló que la mayoría de estas denuncias son en contra de ayuntamientos, pero también hay algunas interpuestas en contra del Poder Ejecutivo, algunas dependencias del mismo y también de organismos autónomos.
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Sin embargo, puntualizó que debido a que el trámite de las mismas no es rápido por eso tardan en judicializarlas o en emitir sentencias, pues -explicó- una vez que las presentan se abren periodos que la ley establece y permite que los entes tengan la oportunidad de defenderse.
Entre otros procesos, señaló, la Fiscalía o las autoridades implementan los periodos de desahogo de pruebas que ellos puedan presentar y puedan avanzar, digo quisiéramos que los procedimientos fueran a lo mejor más rápidos, pero la carga de trabajo hace que se lleven un poco lentas, aunque trabajan tanto con la Fiscalía como con el Tribunal para aportar los elementos en un momento dado de las dudas que se tengan.
“De las que les hablo son las que tenemos vigentes y que están en proceso, porque hay muchas que pues obviamente a veces por los tiempos prescriben, pero éstas de las que les hablo y que les doy el número aproximado, son de las que estamos trabajando, pero te podría decir que algunas se van solventando y cerrando los procedimientos, pero sí, hay varios que todavía faltan por cerrar”, puntualizó.
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Explicó que dependiendo de la responsabilidad serán las sanciones, pues si son financieras, normalmente es del presidente y el tesorero, que son los encargados de manejar los recursos, pero si son de obra, pues ahí involucran al presidente y al director de obras, aunque pueden ser también de otros tipos u otro tipo de responsabilidad.
Después de que los entes no pudieron solventar posterior a la dictaminación se abren los procesos administrativos donde tienen la oportunidad de hacerlo, de ahí que los que no hagan lo propio el órgano presentará las denuncias correspondientes ante pues las instancias correspondientes, es decir a la FGJE, al TJA o a los órganos internos de control de los entes.