A fin de esclarecer los asesinatos y el maltrato de las autoridades mexicanas hacia migrantes de Centroamérica y plantear alternativas para reducir la incidencia, representantes de la Oficina de Transición de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo de México, conocieron el albergue la Sagrada Familia de Apizaco donde sostuvieron una reunión de trabajo con los responsables.
Así, los representantes de la iglesia católica, de Un Mundo una Nación, de Derechos Humanos y del Congreso local, exigieron a los enviados de López Obrador poner un alto a los asesinatos que se han registrado a manos de la policía.
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De la misma manera, pidieron que la empresa Ferromex derribe las decenas de postes de concreto cercanos a la estación del tren pues desde 2012 han lesionado a unos 30 inmigrantes.
Sergio Luna, responsable de Un Mundo una Nación, pidió a las nuevas autoridades federales que intervengan pues en Tlaxcala existen 18 denuncias penales por diferentes delitos contra funcionarios, pero permanecen en el archivo muerto de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
Aclaró que de 2014 a 2018 solo se le ha dado trato igualitario a siete indocumentados quienes recibieron una visa humanitaria por parte del Instituto Nacional de Migración.
También, planteó estrategias para garantizar el libre tránsito de los migrantes mexicanos a bordo del tren al igual que los centroamericanos.
Elías Dávila Espinoza, responsable del albergue apizaquense, aclaró que los flujos migratorios no se quedan en Tlaxcala, más bien viajan hasta Nuevo León y Jalisco, donde viven mejor que en los Estados Unidos de Norteamérica.
“Se trata de fortalecer políticas que conlleven a reducir la incidencia del maltrato a la población internacional migrante, este gobierno va a proteger a los migrantes de todos los lugares”, expresó Carlos Cruz Santiago, responsable del Proceso del Diálogo con Personas Privadas de su Libertad y Migrantes.
Citó que ya recorrieron albergues de la frontera norte del país, pero les falta el centro, sur y noreste de México, de tal forma que a finales de octubre integre la información y propuestas de los defensores de los derechos humanos.
En el encuentro con indocumentados, personal del albergue puso en manos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos a una mujer de origen hondureña, quien denunció que durante su viaje ha sido objeto de explotación sexual por uno de sus paisanos.
Ahí, en forma discreta rescataron a la migrante y la llevaron al Ministerio Público para que denunciara a sus agresores.
Sergio Luna, Un Mundo una Nación
Los derechos de los indocumentados no deben verse como prerrogativas que tengan que negociarse con las autoridades”
