Para evitar la duplicidad de labores, el Pleno del Congreso del Estado determinó extinguir al Instituto Inmobiliario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Estado de Tlaxcala (Induvit), de ahí que la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda será la dependencia encargada de establecer la política estatal de desarrollo urbano, vivienda y ordenamiento territorial.
Por unanimidad de votos, los diputados locales avalaron la petición solicitada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros de extinguir a dicho Instituto, el cual estuvo activo desde octubre de 2008, pero que ahora sus actividades serán asumidas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Vivienda, de ahí que el proceso de extinción, disolución y liquidación previsto no podrá exceder de 365 días naturales.
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En su momento, dicha dependencia tuvo bajo su encomienda la adquisición y enajenación de inmuebles y de promover, coordinar, proveer, coadyuvar y auxiliar a las instancias públicas, privadas y particulares en la dotación de infraestructura industrial y comercial, equipamiento y servicios urbanos, así como de promover, programar, organizar, coordinar y regular lo concerniente a la vivienda de interés social y el suelo.
DELIMITA CONGRESO EL COHECHO DE PARTICULARES
Por otro lado, el Pleno del Congreso del Estado aprobó la delimitación del delito de cohecho de particulares, con lo que fue eliminada la duplicidad del tipo penal, esto derivado de la iniciativa impulsada por la diputada Soraya Noemí Bocardo Phillips, con la que fueron reformadas diversas fracciones de artículos y títulos del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Tlaxcala.
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De acuerdo con lo expuesto por la legisladora, la corrupción representa un obstáculo mayúsculo para el crecimiento de un país, pues obstruye la justicia, el Estado de derecho, la seguridad y ello resulta en la pérdida de la confianza de la ciudadanía en las instituciones, de ahí la necesidad de tipificar por separado el cohecho activo y pasivo de manera clara y puntual.
En este sentido, el particular que espontáneamente ofrezca, prometa o entregue dinero o cualquier otra dádiva a un servidor público para que este haga u omita un acto justo o injusto relacionado con sus funciones se le impondrán diversas penas.
Explicó que estas penas serían de tres meses a tres años de prisión y multa de 18 a 216 veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización, cuando la cantidad económica o el valor de la dádiva o promesa no excedan del equivalente a 90 veces el salario mínimo diario general o no sean cuantificables.
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Lo anterior, aseguró, es con el objetivo de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, en concordancia con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.
EXHORTAN A MUNICIPIOS A CREAR CONSEJO CONSULTIVO DE TURISMO
Ya que carecen de este organismo, el Congreso del Estado exhortó a los 60 municipios a que integren sus Consejos Consultivos de Turismo para que estos órganos colegiados cumplan con su objeto social de asesorar, consultar, fomentar los programas de turismo municipal, estatal y de los diversos sectores de la población, elaborando y proponiendo estrategias y acciones para el desarrollo integral de la actividad turística.
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De esta forma, por unanimidad de votos el exhorto impulsado por el diputado David Martínez del Razo fue aprobado, en razón de que la ley señala que los Consejos Consultivos Turísticos municipales son órganos de consulta necesaria, asesoría y apoyo técnico en el que participan los sectores público, social y privado, con la finalidad de integrar estrategias y mecanismo que impulsen el desarrollo turístico de las comunas.
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