A meses de que se determine o no la constitucionalidad de la Ley de Seguridad Interior, Tito Cervantes Zepeda, secretario de Gobierno, consideró “factible” su operación para que se restablezca la seguridad en aquellas entidades donde la policía estatal y municipal se ha visto coludida con el crimen organizado.

De forma determinante, subrayó que en la entidad no sería necesaria la intervención del Ejército Mexicano para el combate de la delincuencia, ya que las fuerzas policiales están efectuando oportunamente su labor y continuarán haciendo frente al crimen, aunque reconoció debilidad de las corporaciones municipales.

El pasado mes de diciembre de 2017, en el Senado de la Republica, el propio gobernador Marco Antonio Mena Rodríguez, acompañado de otros mandatarios, expresó su respaldo a la ley al señalar que “ha habido suficiente tiempo para deliberar sobre el tema, en más de una década se ha discutido y se ha opinado sobre los conceptos de seguridad nacional, pública e interior”.

En aquella ocasión, aseveró que “es incorrecto que la ley establezca que las fuerzas armadas estarán en las calles, de hecho, es al revés, la ley establece los procedimientos, procesos, etapas y protocolos a seguir”.

Sostuvo que “a los estados nos pone en la vía de fortalecer a nuestras policías, además delina la base de legalidad para que las autoridades correspondientes puedan actuar, lo cual da el marco legal certero para que las Fuerzas Armadas participen complementariamente y algunos casos de manera supletoria”.

A la fecha, el marco normativo enfrenta una controversia de constitucionalidad y será la Suprema Corte de Justicia de la Nación la que tenga la última determinación, toda vez que existen más de ocho mil amparos y diez controversias que alegan violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía.

De hecho, la Ley de Seguridad Interior fue aprobada el 17 de diciembre de 2017 y promulgada una semana después, pero se encuentra detenida hasta que la Corte decida si es o no constitucional, toda vez que ese fue el alegato de diputados, senadores, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

Se suman municipios contra la ley

• De igual forma existen diez controversias constitucionales promovidas por municipios de Puebla, Coahuila, México y Yucatán, en las que se demanda invalidar diferentes disposiciones.
  

Sabemos que la ciudadanía reclama tranquilidad, vamos a ver si eso (la operación de la ley) da tranquilidad, de ser así, sería factible, pero seremos respetuosos y estaremos atentos a lo que determine la Suprema Corte

Tito Cervantes / Titular de Segob