En los más de 16 meses que va de la actual administración estatal, 86 funcionarios han sido inhabilitados, lo que significa que las personas están impedidas para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el sector público.
Al respecto, Eréndira Cova Brindis, titular de la Secretaría de la Función Pública en Tlaxcala, explicó que, de manera global, han desahogado 188 expedientes que estaban pendientes y correspondían a los últimos tres años, de los cuales 10 fueron de 2020, 32 de 2021 y los 146 restantes fueron de casos de 2022.
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El resultado de esas investigaciones fue la sanción de 270 servidores: 24 de 2020, 48 de 2021 y los otros 198 fueron del año pasado, el 2022, que se trató de un periodo en el que la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros aplicó mano dura en contra de quienes no se apegaron a los ideales de su administración y de la Cuarta Transformación.
Cova Brindis explicó que, el año pasado, de los 198 funcionarios que fueron sancionados, en 86 el castigo fue la inhabilitación por un tiempo para desempeñar otro cargo público y que los principales motivos fueron ocupar plazas dobles o por falsificar documentos. Además de que 110 fueron amonestados y dos más suspendidos.
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“El año pasado intentamos dar salida a todos los expedientes que ya venían caminando tiempo atrás, y como resultado de ello hubo varios servidores públicos sancionados, algunos inhabilitados y otros solo fueron sujetos a amonestaciones”, dijo.
Señaló que este año la intención de la Secretaría de la Función Pública es continuar con las revisiones de los expedientes y atender las demandas y las quejas que la ciudadanía hace, que principalmente acusa acciones que podrían generan actos de corrupción, una mala atención y actitudes de abuso de poder.
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“Esos son los motivos principales de las quejas que tenemos el interior de los dependencias, y en el caso de la ciudadanía los señalamientos son por un retraso en la atención y por obstaculizar los servicios”, compartió.
La secretaria añadió que las personas sancionadas fueron contratadas en esta administración, pero que también hay algunos del gobierno pasado que incluso laboraban desde 2016, pero fue hasta este momento cuando dieron salida a los expedientes.
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Puntualizó que una vez que reciben la queja la Secretaría de la Administración Pública hace el seguimiento de las personas señaladas de incurrir en alguna irregularidad e inicia con la investigación hasta que, con base en los tiempos, obtienen algún tipo de resolución, aunque aclaró que quienes están sujetas a un procedimiento tienen el derecho de recurrir al amparo.
Y así hay varios casos que están en ese proceso de amparo, por eso hasta que queden firmes podemos determinar la sanción”, mencionó.
EN LOS MUNICIPIOS
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Con relación a los ayuntamientos, Cova Brindis explicó que no tienen injerencia y que al ser autónomos está fuera de la competencia de la Secretaría, pero dijo que cuando llega una queja de algún ciudadano envían un oficio al presidente municipal, al contralor municipal y al Órgano de Fiscalización Superior para llevar a cabo trabajos de colaboración institucional y atender esas quejas.
Yo considero que hay algunos casos que son de atención inmediata, y entonces es cuando podemos intervenir, pues lo que buscamos principalmente es que las personas tengan atención inmediata”, terminó.
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DATO:
La intención de la Secretaría de la Función Pública es continuar con las revisiones de los expedientes y atender las demandas y las quejas que la ciudadanía hace, que principalmente acusa acciones que podrían generan actos de corrupción, una mala atención y actitudes de abuso de poder.
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