Como una decisión política y no jurídica, calificó Marlene Alonso Meneses la determinación del Congreso local, tomada la madrugada de este jueves, de destituirla de la presidencia del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de Tlaxcala (Iaip-tlax).
En conferencia de prensa, Alonso Meneses expresó categóricamente que “la determinación fue política y no jurídica, obviamente esa decisión fue muy poco razonada, sacrificaron la razón legal por una decisión política”.
Al argumentar que en todo momento fue violado el procedimiento, de la resolución del expediente SPPJP002/2018, dijo que la primera acción será promover un amparo ante tribunales federales y que podría llegar hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), al detallar que los quebrantamientos a la ley fueron evidentes. Al enumerar parte de las inconsistencias que se dieron por parte del jurado acusador, refirió la negativa de la moción solicitada para conocer su expediente, al no establecer las razones.
Explicó que “nosotros no pudimos conocer el expediente, no pudimos conocer el dictamen porque tenemos conocimiento que ni siquiera existe el dictamen, incluso no estaban presentes los integrantes de la Comisión Instructora de Juicio Político, Declaración de Procedencia, Desafuero y Responsabilidad de Munícipes”.
Agregó que la CIDH no descarta la posibilidad de procedencia de los amparos de juicio político, sobre todo cuando existe una violación al debido proceso y cuando se deja en indefensión a quienes se les promueve el procedimiento.
Para separarse del cargo, comentó que tendrá que esperar que le sea notificada la decisión del Congreso local.
De acuerdo con lo que establece la Ley de Responsabilidad de los Servidores Públicos, el dictamen tiene que ser emitido por la Comisión Instructora de Juicio Político, que no estuvo presente durante la sesión en la que se desahogaron los expedientes en contra de los comisionados del Iaip-tlax.
LA DEFENSA NO SERÁ UN ASUNTO DE GÉNERO: ABOGADA
Por su parte, Jeny Charrez Carlos, representante legal de Alonso Meneses, detalló que existió una flagrante violación al debido proceso, al no fundar y no motivar del por qué no se les mostró el dictamen aprobado, por lo que señaló que la defensa de la excomisionada se hará de manera jurídica sin involucrar el tema de género.
Detalló que “no se tomó en consideración ningún dictamen que tuviera que ver con el tema de género, ese tema no se va a poner en discusión en esta área, pero sí tendrá que ser presentado ante la CIDH”.
En tanto, David Cabrera Canales, quien también fue separado del cargo de comisionado, se negó a dar una postura.
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