La Consejera del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Silvia Avelina Nava Nava, aseveró que a pesar de las denuncias de agresiones por parte de funcionarios, siguen ejerciendo cargos públicos de manera impune.
Ejemplificó que entre los casos en los que ha incidido y tiene conocimiento, son el del regidor de Españita, Oscar Ávila Portillo, quien no dio cumplimiento cabal a la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, por presuntamente mandar golpear a una extrabajadora del municipio y aún sigue en nómina.
Agregó que lo mismo sucedió con el regidor de seguridad de Tlaltelulco, Felipe Melendez López, quien supuestamente golpeó a su esposa y a su cuñada, identificada como Tania N., y nunca fue detenido, tampoco sancionado.
En el caso del alcalde de Santa Cruz Quilehtla, Óscar Pérez Rojas, dijo que ha sido vinculando a violencia política, por ejercerla en contra de su síndico, por lo que el pleno del Tribunal Electoral de Tlaxcala aprobó otorgarle medidas cautelares, pero el hecho es que no pasó algo y sigue despachando en la presidencia.
“Lo mismo sucede en Huactzinco, el pleito casado entre la síndico y el presidente, donde la síndico mejor ya ni se queja, siempre es lo mismo, a pesar de las acusaciones y el presidente aferrado en afectarla”, soltó.
Además de ello, comentó que las agresiones a mujeres se han presentado en asociaciones civiles que se dicen defensoras de los derechos humanos y del presupuesto público, como es la Coordinadora Nacional de la Sociedad Civil, pues su dirigente, José Domingo Meneses Rodríguez, fue denunciado penalmente por su expareja, después de que aparentemente la golpeara y amenazara de muerte.
La activista reveló que la historia se repitió en Zacualpan, donde un maestro fue encontrado en un vehículo oficial teniendo relaciones sexuales con una mujer y era colaborador del municipio, solo quedo en exhibición estatal.
Por todo ello, exigió que las autoridades electorales revisen los perfiles de los aspirantes y cuando sancionen o emitan sentencias se cumplan, pues las medidas cautelares son ignoradas y los hechos de los funcionarios quedan impunes.
- La activista exigió que las autoridades electorales revisen los perfiles de los aspirantes y cuando sancionen o emitan sentencias se cumplan.
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