La Secretaría de Educación Pública del Estado (Sepe) combatirá la corrupción en las plazas laborales de las escuelas de educación básica. Será mediante un sistema de verificación de los docentes que perciben un salario con recursos estatales para detectar quiénes cumplen sus funciones en los centros de trabajo, pero también a las personas que son “aviadores” o tienen un espacio laboral por compadrazgo.
Por primera vez en Tlaxcala la institución educativa estatal replicará el sistema federal empleado en el Pase de Lista Fone, que implica una comprobación del personal incorporado al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo, para llevar un control eficiente y preciso de la asistencia de trabajadores de la educación, que desempeñen su labor determinada en la clave de registro y que la dirección de su centro de trabajo sea la correcta.
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Hace poco concluyó el pase de Lista Fone para la entidad, proceso que no reportó apoyos fuera de la norma y reportó observaciones que serán subsanadas, de ahí que la Sepe pudo iniciar con la verificación local, la cual realiza desde el pasado lunes y tendrá una duración aproximada de 20 días.
El proceso de revisión será realizado durante el receso vacacional, y corresponderá a los directivos de las instituciones de educación básica registrar los datos de cada docente en una plataforma que habilitó la Sepe y está en funcionamiento.
La herramienta aplicará para alrededor de tres mil 500 trabajadores con sostenimiento estatal, de ahí que serán verificados intendentes, administrativos, docentes, directivos y todo el personal que percibe un salario con recurso local, un hecho inédito para la entidad.
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Al concluir el procedimiento, a las personas que detecten que cuentan con una plaza, pero no trabajan, serán removidas de su centro de trabajo y dejarán de percibir ingresos, pues lo que pretenden lograr es pagarle a quienes lo merecen.
Dicho pase de lista tiene fundamento legal, de ahí que las personas que mientan en el registro y verificación de plazas serán acreedoras a una falta administrativa grave con consecuencias legales.