Tras un largo camino jurídico y una vez que fueron reformadas y adicionadas diversas disposiciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, la entidad inició con la transición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a Fiscalía y a partir del uno de agosto tendrá la naturaleza de un órgano autónomo.
Como parte de este proceso en la instituciones ya se llevan a cabo algunas modificaciones, como es la transformación de la imagen institucional de la que a partir del mes de agosto será la Fiscalía General de Justicia del Estado.
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El nacimiento de la instancia fue en la décimo novena sesión ordinaria del Congreso del Estado de Tlaxcala en la que los diputados aprobaron el dictamen con proyecto de Decreto y en ese momento ejecutaron las reformas propias, encaminadas a lograr la transición.
Con base al nuevo ordenamiento, esa institución sustituirá a la actual PGJE y de esa forma se marcará un importante cambio en el sistema judicial del estado, ya que por muchos años funcionó así, a diferencia de otros estados.
Lo anterior, en atención a las recomendaciones de los organismos internacionales para dotar de verdadera autonomía a las fiscalías generales de justicia en las entidades federativas, para que el nuevo sistema de justicia penal de corte oral adversarial funcione bajo los parámetros adecuados, sin sesgos que afecten la certeza y seguridad jurídica de la sociedad.
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El nuevo organismo fortalecerá la autonomía y eficiencia del sistema de justicia en Tlaxcala y asumirá un papel central en la investigación y persecución de delitos, al tiempo de que asegurará una mayor independencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo.
Además, garantizará una mayor transparencia, imparcialidad y eficiencia en la administración de justicia, lo cual dará cumplimiento de la ley con mayor rigor y objetividad.
Si bien prevé la permanencia y continuidad laboral del personal, también establece un modelo de transición y un procedimiento en el régimen transitorio, por el que existe un decantamiento de personal a partir de la implementación de acciones de mejora de la gestión pública con actualizaciones o capacitaciones.
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Asimismo, con ese nuevo modelo deben crear una comisión de transición que administre y vigile el presupuesto destinado para cada uno de sus fines y que de inmediato supervise el proceso de transición de funcionamiento y operatividad, siempre con atención a la salvaguarda de los derechos humanos.