A pesar de los 275 millones de pesos que ejerce el Tribunal Superior de Justicia del Estado como presupuesto, el magistrado presidente de ese cuerpo colegiado, Héctor Maldonado Bonilla, sostuvo que los recursos que obtendrán por el cobro de exámenes de oposición para acceder a diversas plazas del Judicial, formarán parte sus ingresos propios y los utilizarán para solventar necesidades de logística para recibir al jurado calificador.

En entrevista al término de la conmemoración del CCXIII Aniversario del Natalicio del Benemérito de las Américas, Benito Juárez García, declaró que son 68 puestos los que se están concursando y el cobro es legal, amén de que no es la primera vez que imponen las cuotas.

Son procedimientos que se llevan a cabo para acceder a las plazas, además debo decir que es la primera vez que se concursan tantas, pues en el Poder Judicial se habían hecho exámenes solamente para jueces, en esta ocasión estamos abarcando toda la carrera judicial,

detalló.

Se trata, dijo, de espacios para oficiales de parte, diligenciarios, secretarios de acuerdo, proyectistas y de más, pero lo que recauden será considerado como ingresos propios para el Judicial y lo utilizarán para la logística.

Se trata de una cuota de recuperación y lo ocuparemos para hacer frente a los gastos que impliquen, el traslado, el trato y la atención que se le debe dar a los integrantes del jurado que deberán ser preferentemente de fuera del estado,

aseveró.

El también presidente del Consejo de la Judicatura, añadió que cubrirán los gastos por la aplicación de exámenes psicométricos, de inteligencia y emoción que harán de forma externa a ese Poder, “lo cual representa un costo que debemos pagar, sin embargo, los cobros son simbólicos a efecto de que las personas puedan acceder”.

Maldonado Bonilla aseguró que está previsto en el Código Financiero y es un tema aprobado por el Consejo de la Judicatura, mientras que para transparentarlo, las cantidades irán a una cuenta del Tribunal y, al final, el número de participantes y los gastos que se realicen, lo declarará en la cuenta pública correspondiente.

Insistió en que el cobro no es la primera vez que lo imponen, pues hicieron lo propio cuando llevaron a cabo el procedimiento para la capacitación y certificación de facilitadores públicos.

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