La senadora Minerva Hernández Ramos demandó que en el análisis y discusión del Presupuesto de Egresos 2019 se incrementen los recursos presupuestales destinados a las universidades públicas del país, a fin de garantizar su funcionamiento y los derechos laborales de sus trabajadores y no se apruebe la reducción planteada por el Ejecutivo.
Al fundamentar a favor un dictamen de la Comisión de Educación, la integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, señaló que en el Paquete Económico 2019 enviado por el Ejecutivo, en el tema de recursos para la educación se evidencia una afectación de más de mil 700 millones de pesos para las instituciones de educación superior federales.
“Se redujo en más de mil 800 millones de pesos el apoyo presupuestal extraordinario para las Universidades Públicas Estatales, de apoyo solidario, interculturales, al Tecnológico Nacional de México, a las universidades tecnológicas y politécnicas”, destacó.
Lo anterior, dijo representa una afectación directa a la función primordial de la universidad: la docencia, investigación y difusión de la cultura.
La secretaria de la Comisión de Educación resaltó la necesidad de que las universidades y las instituciones públicas de educación superior, cuenten con recursos económicos suficientes, crecientes y oportunos, a fin de cumplir con los deberes que tanto la sociedad como la revolución científica y tecnológica les están demandando.
Hernández Ramos señaló que el exhorto es acompañado con acciones que reafirman la función de contrapeso del Poder Legislativo.
Informó que, por decisión de los integrantes de la Comisión de Educación, coordinará una Subcomisión en la que se abordará el problema estructural de las finanzas de las Universidades Públicas, buscando siempre el acompañamiento técnico de la Secretaría de Hacienda, de la Auditoría Superior de la Federación y de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior.
En torno a la autonomía universitaria, la representante por Tlaxcala, resaltó que en la iniciativa del Gobierno Federal para derogar la Reforma Educativa, la modificación a la fracción VII del artículo Tercero Constitucional implica un grave retroceso en detrimento de la autonomía de las universidades y de las demás instituciones de educación superior.
“De un plumazo se eliminó la posibilidad de que las universidades del país puedan regularse a sí mismas, que eduquen, investiguen y difundan la cultura conforme a principios de laicidad, democracia e integralidad, y frente a esto, compañeros legisladores, es evidente que el Congreso de la Unión no puede quedar cruzado de brazos”, mencionó.
Adelantó que planteará ante las comisiones correspondientes la imperiosa necesidad de restaurar la fracción VII del Tercero Constitucional en los mismos términos en que hoy se encuentra vigente.
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