La administración estatal de Marco Antonio Mena Rodríguez será la única del país que no dejará deuda pública a su sucesora. Este año, en 15 estados de la República se llevará a cabo el relevo en los poderes ejecutivos, y Tlaxcala destaca ya que la gobernadora electa Lorena Cuéllar Cisneros no asumirá responsabilidades económicas, pues el todavía mandatario de la entidad no contrajo ningún tipo de crédito.
A nivel nacional, las deudas heredadas a los próximos gobiernos van desde los mil millones 600 pesos y hasta más de 70 mil millones pesos.
Y en esos casos están Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Sonora, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas.
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DESDE 2008 TLAXCALA PUEDE ADQUIRIR DEUDA
Desde 2008, durante la administración de Héctor Ortiz Ortiz, Tlaxcala y sus municipios pueden adquirir una deuda pública, siempre que no rebase el 20 % en el caso del Estado, y del 15 % para las comunas.
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en más de una ocasión ha destacado que la legislación de Tlaxcala contiene candados para evitar la contratación de deuda; sin embargo, en la Constitución local quedó establecida esa posibilidad en el año 2008.
En agosto de ese año fue eliminado el candado instaurado en 1997 por el entonces gobernador José Antonio Álvarez Lima (del Partido Revolucionario Institucional), quien tras pagar débitos por más de 131 millones de pesos, propuso modificaciones a la legislación para evitar endeudamientos a futuro.
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La reforma al artículo 101 de la normatividad local establecía que los ingresos que obtengan el Estado y municipios por préstamos durante un año fiscal no podrían ser superiores al 3 % del equivalente al presupuesto inicialmente autorizado, además de que dicho crédito debía ser liquidado a más tardar en el año fiscal inmediato posterior, y en caso de que tenga adeudos no podrá contratar nuevos créditos.
Sin embargo, dicho precepto fue cambiado en agosto de 2008 cuando los entonces diputados locales avalaron reformar –de nuevo- el artículo 101 y dieron la posibilidad al gobierno estatal para contratar un empréstito de hasta el 20 % de su presupuesto anual, mientras que a los municipios les autorizaron un 15 %.
Pero, quedó a salvo que toda contratación de obligaciones o empréstitos deberá ser aprobada por las dos terceras partes de los integrantes de la Legislatura local, y que no se podrán contratar nuevos créditos si existen adeudos derivados de este concepto.
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LA POSIBILIDAD DE 2015
En el año 2015, a propuesta del entonces mandatario Mariano González Zarur, el Congreso local autorizó a los municipios el poder contraer un préstamo para poder pagarlo con recurso del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS).
En ese momento los diputados locales limitaron a los alcaldes a solicitar el dinero con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, con una tasa anual del 5.98 %.
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LA PROPUESTA DE 2017
En octubre de 2017, la LXII Legislatura local autorizó a los 60 presidentes municipales contraer deuda pública, con la intención de impulsar el desarrollo de sus demarcaciones.
Según esa propuesta, tendrían casi cuatro años para pagarla (para no heredar deudas a quienes en 2021 asumirán funciones), y que se pagarían con descuentos mensuales del dinero del FAIS, por lo que el crédito podría ser de hasta el 25 % de lo que les correspondía por ese fondo.
También fueron determinados los montos máximos que cada uno de los ayuntamientos podría contratar, y las tres comunas con las mayores cantidades fueron Huamantla con 53 millones 457 mil pesos, San Pablo del Monte con 44 millones 327 mil y Tlaxco con 44 millones 227 mil; con menos de 2 millones de pesos, Zacualpan era la demarcación con el menor crédito.
- A nivel nacional, las deudas heredadas a los próximos gobiernos van desde los mil millones 600 pesos y hasta más de 70 mil millones pesos.
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