“El hombre olvida antes la pérdida de su padre que la pérdida de su patrimonio”, dijo el diplomático, filósofo, político y escritor italiano Nicolás Maquiavelo, y es así como aún recordamos el desalojo de 312 personas, que se decían pequeños propietarios, asentados en 61 viviendas distribuidas en 88 hectáreas de terreno del cerro Otongatépetl, localizado en Amaxac de Guerrero, y que dejó un enfrentamiento violento.
Ese hecho marcó un hito histórico de Tlaxcala, pues el conflicto duró 30 años exactamente y benefició a comuneros que, a la fecha, aún tienen representación en esa colonia reconocida en el municipio como el Barrio de Atotonilco.
En Memoria de Papel rescatamos el suceso para la devolución de tierras, ordenado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y que confrontó a dos bandos: los pequeños propietarios y los comuneros protegidos por la policía estatal.
En el año 2000, El Sol de Tlaxcala comenzó una profunda investigación en torno al hecho y, para presentarla, ocupó dos ediciones consecutivas, pues advertía el enfrentamiento una vez que la corte diera a conocer su fallo.
La nota redactada en la edición del 27 de noviembre de ese año aún se conserva intacta en nuestra hemeroteca, y cuyas líneas desmenuzaron el conflicto de manera meticulosa, pues explican que el 18 de diciembre de 1957, por medio del Decreto 75, emitido por el Congreso local, los diputados autorizaron al municipio de Amaxac vender predios de ese cerro a particulares, en una extensión de nueve mil 172 metros cuadrados.
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El Decreto publicado en el número 36 del Periódico Oficial del gobierno de Tlaxcala, con fecha 10 de septiembre de 1958 -es decir, nueve meses después- indica que el dinero de la venta sería destinado a obras, pero no detalló una justificación real de tal autorización.
Fue hasta 1973 cuando se formalizaron 61 operaciones de compra-venta a favor de particulares, quienes construyeron igual número de viviendas, independientes de una iglesia, jardín de niños dotado de dos aulas y canchas deportivas, amén de varios predios destinados a la agricultura.
Por otra parte, un grupo de 160 habitantes del municipio, autonombrados comuneros, solicitó ante las instancias legales el reconocimiento y titulación de bienes comunales de una superficie de 88 hectáreas, donde se incluía el área enajenada por el municipio de Amaxac.
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El 30 de agosto de 1973 se dictó resolución presidencial reconociendo a los comuneros como legítimos dueños y, por otro lado, los pequeños propietarios contaban con escrituras que amparaban sus inmuebles adquiridos de buena fe y con autorización del Congreso local, entonces vino el conflicto e iniciaron pugnas legales.
En las notas de seguimiento del 28 de noviembre de 2000, este Diario informó que los comuneros, asesorados por el abogado José Luis González Vega, pidieron un millón de pesos por hectárea, pero la Secretaría de Gobierno designó al perito evaluador en materia agraria José de Jesús Marín, quien determinó que el valor de cada hectárea era de 12 mil 500 pesos.
SUSPENDEN APROVECHAMIENTO DE MINA DE TEZONTLE
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En el cerro Otongatépetl existe una mina de Tezontle, cuya explotación quedó suspendida por el litigio de la propiedad, aunque la extinta Secretaría de Comunicaciones y Transportes creó un fideicomiso con el dinero de la explotación que efectuó durante la construcción de la carretera Tlaxcala-Apizaco, en espera del fallo definitivo de la corte.
A la fecha, esa mina de Tezontle es administrada por las Mesas Directivas de los comuneros, pues venden las cargas a camioneros y el recurso de la explotación, solo ellos conocen el destino que le dan.
ESTALLA CONFLICTO
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El martes 28 de enero de 2003 estalló el conflicto, cuyo encabezado de nota principal en el Diario de los Tlaxcaltecas fue: “Devuelven Otongatépetl a comuneros”, con imágenes que mostraron la crudeza del desalojo concebido con violencia.
Los pequeños propietarios se enfrentaron con palos y piedras a elementos del cuerpo de granaderos y de la extinta Policía Ministerial cuando funcionarios del gobierno del Estado restituyeron a comuneros 19 predios de los 64 que según la SCJN les pertenecían. En la trifulca, siete campesinos fueron detenidos y otros 10 resultaron con golpes.
En el operativo participaron unos 600 elementos de la entonces Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Estado y de la Policía Ministerial, quienes procedieron a detener y poner a disposición de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a siete ciudadanos.
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El exsubsecretario de Seguridad Pública, Juan Olmedo López, explicó que los habían puesto a disposición de la PGJE bajo los agravantes de resistencia de particulares y obstrucción de la justicia, aunque por la noche fueron puestos en libertad con reservas de ley.
ENFRENTAMIENTO INMINENTE
El enfrentamiento en el cerro se registró cuando el expresidente de los comuneros, Refugio Flores, acompañado de su abogado, José Luis González Meza, arribó al Otongatépetl a bordo de un automóvil color rojo.
Enfurecidos, los pequeños propietarios se abalanzaron en contra de los comuneros a quienes, además de maldiciones, lanzaron piedras y uno de los proyectiles se impactó en el rostro del líder social.
En medio de los jaloneos, una mujer arrojó piedras a los vehículos de los comuneros y minutos más tarde fue detenida y trasladada a los separos de la PGJE.
Hasta el Otongatépetl llegaron cinco visitadores de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero con dos horas de retraso. Ahí, anunciaron que analizarían la forma en que fueron detenidos los siete pobladores para determinar si el gobierno del Estado violó sus garantías individuales.
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LA ENTREGA-RECEPCIÓN
Ante notario público llevaron a cabo la entrega-recepción de las casas; la primera restituida fue la de la lideresa de los quejosos, Irma Molina, quien según versiones del gobierno recibió un millón de pesos.
Los pequeños propietarios ya habían retirado la herrería de puertas y ventanas, así como tinacos de agua de ahí que no fue necesario llevar a cabo el desalojo.
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Esa fue segunda etapa de la restitución de los predios, pues el dos de enero de ese año, quien fuera directora del Jurídico del gobierno local, Hilda Patricia Ramos Mora, entregó al exsecretario del Juzgado de Distrito, José Daniel Nogueira, 19 predios, incluyendo la escuela y la capilla de ese lugar.
AMENAZAS A LÍDER COMUNERO
El Sol de Tlaxcala documentó que en cada una de las casas desalojadas quedaron escritas en sus paredes leyendas con maldiciones y amenazas en contra de los comuneros: “no toda la vida los van a cuidar”, “Refugio cuida a tu hija y a tu esposa”, “esto nada más es el principio, cuídense”, “los vamos a colgar hijos de su...”, entre otras.
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Ante estas intimidaciones Refugio Flores comentó que difícilmente ocuparían esos predios, pues no se arriesgarían, entonces, las tierras y viviendas quedaron vigiladas por medio centenar de policías estatales quienes se mantuvieron alertas las 24 horas del día, todos los días.
Por su lado, el secretario de gobierno, Gelacio Montiel Fuentes, afirmó que, frente al conflicto legal, el Ejecutivo local cumplió cabalmente resolutivo de la Suprema Corte y respetaron el derecho de las familias, a quienes les ofrecieron un apoyo económico para atenuar el daño que ocasionaría el cumplimiento del mandato.
No obstante, los pequeños propietarios denunciaron que recibieron cheques posfechados porque el gobierno estatal no tenía recursos disponibles para cubrir la liquidación prometida, una vez que entregaran sus viviendas.
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A la fecha, en el cerro existe el campus universitario de Ciencias Económico Administrativas, de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, lo cual ha propiciado el desarrollo social y garantiza la movilidad en la zona.
Hasta ese lugar llega el servicio de transporte público, hay campos deportivos, las viviendas gozan de drenaje, agua potable, energía eléctrica, telefonía e internet; además, el municipio y el gobierno estatal han brindado obra pública para su desarrollo integral.
- 312 pequeños propietarios, asentados en 61 viviendas, distribuidas en 88 hectáreas de terreno del cerro Otongatépetl, fueron desalojados.
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- 160 habitantes del municipio, autonombrados comuneros, solicitaron el reconocimiento y titulación de bienes comunales de una superficie de 88 hectáreas.
El Sol de Tlaxcala documentó que en cada una de las casas desalojadas quedaron escritas en sus paredes leyendas con maldiciones y amenazas en contra de los comuneros.