Derivado de la pandemia de Covid-19, que paralizó al aparato gubernamental en algún momento durante el año pasado, Tlaxcala se encuentra lejos de alcanzar un Estado de derecho pleno para sus habitantes, pues se colocó debajo de la media nacional en la evaluación que el World Justice Proyect (WJP por sus siglas en inglés) realizó para la edición 2020-2021 del Índice de Estado de Derecho en México.

De acuerdo con los datos revelados que califican ocho factores que enmarcan el concepto, la entidad se ubica en el lugar 24 a nivel nacional con un puntaje de 0.38 de 1.0 posibles, lejos de Yucatán que, por tercer año consecutivo, lideró el ranking con 0.47, aunque se situó por encima de entidades como Puebla, Morelos y Guerrero, entre otros.

Asimismo, el WPJ señala que el peor registro de la entidad es en el rubro de gobierno abierto, pues alcanzó 0.29 puntos, lo que la colocó en el lugar 31 de 32 a nivel nacional, es decir, la mayoría de los tlaxcaltecas manifestó que el gobierno no comparte información y menos empodera a las personas para que exijan rendición de cuentas y no fomenta la participación ciudadana en la toma de decisiones.

Otro factor con una calificación baja es el de la ausencia de corrupción, pues los entrevistados consideraron que los funcionarios utilizan el poder público para obtener un beneficio privado en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como en el sistema de seguridad y procuración de justicia, es decir, que reciben sobornos y utilizan influencias indebidas.

El segmento anterior, mide la transparencia en las licitaciones y si las personas servidoras públicas del gobierno se abstienen de malversar fondos públicos, además de vigilar si es que los servidores públicos del poder Judicial no abusan de sus funciones para obtener beneficios privados, así como si juezas, jueces y personas con cargos se abstienen de solicitar y aceptar sobornos para cumplir con sus deberes o acelerar procesos.

El de justicia civil es el tercer tema con una calificación reprobatoria, donde Tlaxcala cuenta con 0.33 puntos, que lo ubica en el puesto 29 de 32, pues según los resultados, los ciudadanos reconocieron que es difícil acceder a mecanismos pacíficos y efectivos para resolver sus controversias a través del sistema de justicia civil, además de que no demuestran confianza en los mecanismos formales para resolver sus problemas legales.

Además, añade que la gente no cuenta con disponibilidad de asesoría legal adecuada, asequible y lamenta que haya barreras por costos y procesos burocráticos, pues necesitan que el sistema sea imparcial, independiente y libre de corrupción e influencias indebidas, además, que los procedimientos se lleven a cabo con respeto al debido proceso de manera oportuna, sin demoras irrazonables y que las resoluciones judiciales se apliquen efectivamente.

Por otro lado, el cumplimiento regulatorio y justicia penal son dos temas que comparten la misma puntuación con 0.35, pero se ubican en los lugares 24 y 21, respectivamente, a nivel nacional, aunque para el caso del cumplimiento regulatorio, este no evalúa el tipo de actividades que los gobiernos estatales deciden regular o si la regulación de determinada actividad es apropiada, simplemente examina cómo se implementan y se hacen cumplir las regulaciones en temas como salud pública, seguridad en el lugar de trabajo y protección del medioambiente y actividad comercial.

NO EXISTE BUENA EFECTIVIDAD EN JUSTICIA PENAL: TLAXCALTECAS

Por su parte, en el ámbito de justicia penal, que es de los más importantes por su naturaleza, los tlaxcaltecas consideran que no existe una buena efectividad y la calidad del sistema de justicia penal, que es un aspecto esencial del Estado de Derecho, pues constituye el mecanismo formal para reparar agravios, además de que un sistema de calidad debe respetar los derechos de las víctimas y de las personas acusadas.

Aunado a lo anterior, otro de los puntos negativos que presenta la entidad es el del orden y la seguridad, pues aunque la entidad se ha ubicado de manera constante en el segundo lugar a nivel nacional con menor incidencia delictiva, el resultado de este levantamiento la coloca en el lugar 18 con 0.40 puntos, también por debajo de la media nacional en este rubro, que es de 0.43.

En contraparte, los ciudadanos piensan que existe una correcta práctica de pesos y contrapesos institucionales para limitar el accionar de quienes gobiernan, en particular del gobernador del Estado, Marco Antonio Mena Rodríguez, aunque hasta hace poco los legisladores debían solicitar la anuencia del Ejecutivo local para que algún secretario de su gabinete acudiera a comparecer sobre algún tema ante este poder.

Sumado a lo anterior, también opinan que el papel que juegan los contrapesos no gubernamentales, tales como la prensa, las organizaciones de la sociedad civil y los partidos políticos es bueno y abona a la democracia, por lo que en este factor la calificación fue de 0.46, posicionando al estado en el sexto lugar nacional.

En lo que respecta a los derechos fundamentales, que es el rubro mejor calificado en el estudio, pues ubica a Tlaxcala en el lugar ocho con 0.53 puntos, es decir, que los tlaxcaltecas sostienen que aunque con carencias, existe protección efectiva de los derechos humanos, reconociendo que un sistema de gobernanza en el que no se garantizan los derechos fundamentales establecidos por el derecho internacional no puede ser un Estado de Derecho.

• Desde la perspectiva de los puntajes generales obtenidos, el Estado de Derecho registró avances en 17 entidades, descendió en cinco y permaneció sin cambios en 10 más.

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