La presidenta de San Pedro Xalcaltzinco, municipio de Tepeyanco, María Jenny Morales Díaz, denunció que el alcalde Francisco Ixtlapale Pérez retiene periódicamente sus ministraciones sin motivo aparente, pues mantienen pugnas políticas.
A través de un escrito enviado a la sindicatura, la edil solicitó por enésima ocasión la intervención de la llamada “abogada del pueblo”, pues el alcalde ha ignorado sus solicitudes y continúa en las mismas prácticas. Cuando le depositan los recursos públicos, aseveró que en ningún momento la tesorera Ariadna Zárate Hernández le notifica en torno a la operación bancaria y por la misma situación los trabajos en la comunidad se retrasan.
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“Recordará que se le comentó a la responsable del área de tesorería, en una reunión de trabajo que tuvimos, a razón de la imposición de multas notificadas por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, pues durante marzo y hasta ese momento no había llevado a cabo una reunión donde nos indicaría el proceso o la forma de trabajo con ella”, puntualizó.
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Morales Díaz externó su preocupación en el correcto manejo del erario, pues a la fecha el alcalde ha realizado el cambio de cuatro tesoreros municipales y ahora, Zárate Hernández no ha buscado acercamiento con los miembros edilicios para trabajar en armonía, solo se limita a mencionar que se conduce conforme a la ley.
TESORERA SE NIEGA A RECIBIR DOCUMENTACIÓN
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Por otro lado, la edil comentó que la tesorera, por presunta orden del alcalde, se ha negado a recibirle su documentación comprobatoria y bajo ese pretexto no le dispersa los recursos en tiempo y forma.
“El marzo se hizo la devolución del recurso que amparaba documentación aprobatoria de los ingresos, correspondiente a los periodos de septiembre a diciembre de 2021, enero a diciembre de 2022 y de enero de 2023, además del reintegro de los ingresos por concepto de agua potable y predial, de la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPT), durante el ejercicio fiscal 2022, toda vez que la comunidad brinda el servicio”.
Recordó que le solicitó el número de cuenta de la institución bancaria correspondiente al municipio, para que la UPT realizará los depósitos correspondientes, pero el municipio no la respaldó.
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Consideró que le han violentando sus derechos, al no recibirle su documentación de los ingresos propios y de los gastos efectuados, pues la tesorera se los regresa con argumentos “legaloides”.
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