Nuevamente el alcalde de Totolac, Ravelo Zempoalteca Enríquez, fue observado por beneficiar a un séquito de empresarios con contratos millonarios de obra, lo cual es violatorio a los procedimientos de adjudicación y contratos.
El Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2023 reveló que el priista otra vez benefició a Grupo Jhira Constructores, representado por Roberto Carlos Jiménez Hernández; a HR Construcciones, de José Artemio Rodríguez Zelocuahtecatl; a la empresa Construxo, de Yuliana Xochihua Xochihua; y a Constructora AMS, de Aristeo Molina Sánchez.
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De igual manera adjudicó contratos millonarios a los contratistas Arturo Suarez Tizapan; José Antonio Munguía Vázquez; Leonela Gutiérrez Sánchez y Paola Isabel Galicia Acoltzi.
El documento estableció que las adjudicaciones fueron indebidas, pues llevaron a cabo arrendamiento de obra con personas físicas y morales, que no se encuentran registradas en el Padrón Único de Contratistas del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, pese a que es obligatorio para participar en dichos procedimientos.
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Por ello, el ente fiscalizador no contó con la información completa, confiable y oportuna para conocer si en verdad ellos tienen la capacidad de prestar servicios para la contratación de obra pública o servicios relacionados con la misma.
Agregó que Zempoalteca Enríquez llevó a cabo un indebido procedimiento de adjudicación, pues no sometió a licitación varias obras, para que los empresarios compitieran y ofrecieran un mejor precio para la ejecución.
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Contrario a ello, indicó, todos los empresarios de la construcción manejaron precios superiores al de mercado, lo cual no resultó acorde con el análisis, cálculo e integración del costo vigente de la zona o región donde ejecutaron los trabajos.
Resaltó que el incumplimiento a la normativa en los procesos de adjudicación, resultaron violatorios a los principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia, imparcialidad y honradez que rigen el actuar de los servidores públicos.
Por todo ello, ordenó al alcalde presentar la documentación, justificación, aclaración e información que estime pertinente para solventar la irregularidad detectada y en caso de actuar omiso, el Órgano de Fiscalización Superior dará vista a la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, dependiente de la Procuraduría General de Justicia del Estado.
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En el año 2022 el alcalde también benefició a algunos de los contratistas que este 2023 también resultaron observados, lo cual deberá investigar la autoridad competente.