En una política recaudatoria de recursos económicos ha convertido el gobierno capitalino el operativo de prevención de accidentes, mejor conocido como “alcoholímetro”.

No solo eso, la empresa de grúas contratada por el gobierno de Jorge Corichi Fragoso para el servicio de arrastre de vehículos no está registrada en el padrón de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) en Tlaxcala, por lo que es considerada como pirata.

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A ello se agrega un presunto delito por parte de la misma empresa denominada “Grúas Yan”, al tener placas sobrepuestas en una de sus unidades.

De acuerdo con la base de datos del sistema de búsqueda de unidades automotoras de la SCT, la placa con número 495-DT-8, que porta una de sus “plumas”, en realidad pertenece a una caja seca para el servicio de carga de un tráiler, modelo 1995, de dos ejes, con razón social en Atizapán de Zaragoza, Ciudad de México, propiedad de José Joaquín M.

Pese a incurrir en una evidente ilegalidad y presumible acto de corrupción, la grúa presta sus servicios al gobierno del alcalde Jorge Corichi, emanado del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

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EL OPERATIVO

A mediados del pasado mes de noviembre el gobierno capitalino dio a conocer la implementación del Operativo Alcoholímetro y presumió que el personal que lo aplica está “altamente capacitado” en materias de salud, jurídica y derechos humanos.

Incluso, mediante un boletín de prensa manifestó que conscientes de que la tarea primordial es la de salvar vidas y evitar accidentes fatales relacionados con la ingesta de bebidas embriagantes,el personal conoce a cabalidad los procedimientos a aplicarse en los puntos de control, así como los reglamentos y protocolos dispuestos por la Ley de Comunicaciones y Transportes del Estado de Tlaxcala.

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No obstante, El Sol de Tlaxcala corroboró la noche del viernes 26 de noviembre que el operativo instalado en el bulevar Revolución es aplicado no como medida preventiva, sino como política recaudatoria, al detener a innumerables conductores para practicarles pruebas, en un horario de nueve de la noche hasta pasadas las 03:00 horas de la madrugada.

Ahí, la Juez Municipal, de nombre Miriam Mitre, ordenó detener a todo vehículo cuyos conductores a simple vista se observan sospechosos de haber ingerido bebidas alcohólicas.

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Lo anterior contraviene lo establecido en el Manual Nacional de Alcoholimetría, que dicta que la revisión debe ser aleatoria y no obstructiva al tránsito de vehículos, para precisamente evitar accidentes.

Ahí, la funcionaria municipal se negó a dar una entrevista con el argumento de que debe ser autorizada por el área de Comunicación Social y pidió dejar de grabar o tomar fotografías.

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Sin embargo, lo que la funcionaria trataba de ocultar es que lleva consigo una máquina que emite tickets y una caja para cobrar ahí mismo la multa a la que son acreedores los conductores que rebasan el límite permitido de alcoholemia.

De esa forma, quienes den positivo a la prueba son forzados a pagar la cantidad de dos mil 834 pesos, de lo contrario son arrestados y trasladados a los separos capitalinos para cumplir con sus 36 horas de arresto, mientras que los vehículos son trasladados al corralón por parte de la empresa de grúas contratada para tal efecto.

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Este Diario constató que las personas (hombres y mujeres) que son sujetos de infracciones, evidentemente cuestionan la medida de alcoholimetría, pero pese a ello deben pagar y llamarle a un familiar para que conduzca la unidad y puedan continuar con camino a su destino, pues si no lo hacen el desembolso podría ser mayor al pagar multa por falta administrativa, arrastre y corralón.

• En otras entidades del país, los automovilistas que resultan positivos en sus pruebas por contar con niveles de alcohol en aliento superiores a los permitidos, ya no cumplen con horas de arresto sino que deben ofrecer servicio comunitario.

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