Denuncian anomalías en proceso contra magistrado

Abogados acusan que no existe avance en la solicitud de juicio político en contra de Mario Jiménez Martínez

Diana Zempoalteca | El Sol de Tlaxcala

  · jueves 27 de febrero de 2020

Reclaman abogados que Congreso no sea omiso ante solicitud de juicio político en contra del magistrado Mario Antonio de Jesús jiménez Martínez. /Diana Zempoalteca

El grupo de litigantes que presentó ante el Congreso local una solicitud para que se inicie un proceso de juicio político en contra del magistrado Mario Antonio de Jesús Jiménez Martínez, por el supuesto manejo discrecional de recursos públicos durante su función como presidente del Poder Judicial, acusó que existen irregularidades en el proceso.

En entrevista, Jerónimo Popocatl Popocatl detalló que la encargada de la Secretaría Parlamentaria Maricela Martínez les informó que desde el 5 de febrero del año en curso la solicitud fue turnada al presidente de la Mesa Directiva, Omar Milton López Avendaño quien a la fecha no ha emprendido alguna acción al respecto.

El abogado detalló que al solicitar información en la oficina del legislador se les dio a conocer que aún no ha iniciado el trámite para que se integre la comisión investigadora de los hechos que se le atribuyen al miembro del Poder Judicial, con el afán de que se admitan o desechen.

Ante esta situación Popocatl Popocatl, acompañado de Raciel Santa Cruz, Estela Sánchez y Yessenia Carrillo exhortaron a los legisladores a que den atención a la solicitud que presentaron, pues si se sigue retrasando el proceso los plazos para resolverlo concluirán.

Los profesionales del derecho amagaron con presentar un recurso de Amparo ante las irregularidades y omisiones que consideraron se están cometiendo por parte de los diputados, al referir que “si no cumplen con sus funciones al interior de esta legislatura no se ve la voluntad política de darle trámite y resolver este juicio, posiblemente tengan temor de que se destape alguna cloaca que exista al interior de la legislatura”.

PLAZO

  • El Congreso local tiene un plazo de seis meses para poder determinar si se inicia el proceso de juicio político o no en contra de algún servidor o autoridad.

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