Destruye nuevo alcalde de Ixtenco obra de Imagen Urbana

La renovación se llevó a cabo en el 2017 y estuvo avalada por el Gobierno del Estado y por el INAH

Eduardo Tlachi | El Sol de Tlaxcala 

  · lunes 22 de noviembre de 2021

Renato Sánchez, alcalde de Ixtenco, autorizó los trabajos para destruir la obra. | Eduardo Tlachi

El alcalde de San Juan Ixtenco, Renato Sánchez Rojas, autorizó destruir la reciente obra de Imagen Urbana en el centro histórico de ese municipio.

La acción no agradó entre la población y de inmediato arremetieron en su contra, al asegurar que tomó decisiones sin consultar, pero sobre todo, que dañan al pueblo otomí.

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El proyecto de renovación se concretó en el 2017 y el objetivo estaba basado en dar una imagen propia a Ixtenco; incluso estuvo avalada por el Gobierno del estado y el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH).

Foto: Eduardo Tlachi

Pese a ello, Sánchez Rojas destruyó con mazo en mano los bolardos que impedían el paso a las calles aledañas al parque, donde no solo hizo un daño estructural, sino también a la gestión de su antecesor.

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Y es que ciudadanos de Ixtenco denunciaron que el munícipe autorizó la destrucción del centro del municipio bajo argumento de una supuesta encuesta, pero nunca fue aplicada a la población.

En ese sentido, aseguraron que “el rencor, envidia, incompetencia y hasta la ignorancia hacen que Renato Rojas tome decisiones de este tipo que en nada benefician a la ciudadanía de Ixtenco”.

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Foto: Eduardo Tlachi

Incluso, lamentaron que no aproveche la segunda oportunidad que le dio el pueblo para representar a Ixtenco como alcalde y que solo “dañe la imagen urbana que nos ha dado más vida”, agregaron.


Inconformes afirmaron que la obra que tuvo que destruir es la que él ejecutó hace seis años, cuando la Comisión Nacional del Agua (Conagua) le advirtió que no podía iniciar con la construcción de un bulevar en la zona que corresponde a una barranca.

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Lo grave es que esa propiedad pertenece a la Conagua y que a la fecha tendría que regresar más de un millón y medio de pesos por la mala ejecución de una obra en un sitio no permitido.


La acción no agradó a la población y arremetieron en su contra, al asegurar que tomó decisiones sin consultar y dañan al pueblo otomí.


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