Pagos en exceso a personal de bajo rango, compensaciones por presuntos falsos mantenimientos a unidades municipales y erogaciones por obras no ejecutadas, son algunas observaciones que detectó el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) a la administración del alcalde de Texoloc, Arturo Covarrubias Cervantes.
A pesar de que el hermano del alcalde y actual legislador local, Miguel Ángel Covarrubias Cervantes, trató de desestimar las observaciones efectuadas, en el Informe Individual de Resultados 2023 se detallan las observaciones.
Entre ellas destacan el pago de gastos improcedentes por un millón 908 mil 349 pesos, pues en nómina mantuvo a trabajadores de bajo rango con sueldos superiores a los que deberían recibir.
Por ejemplo, un secretario particular recibió cada quincena 13 mil 78 pesos; un contador general 12 mil 737 pesos; un auxiliar administrativo E, recibió siete mil 179 pesos; un director de la escala G, siete mil 58 pesos; un auxiliar contable B, siete mil 846 pesos; por señalar algunos.
En cuanto a la adquisición de papelería para diferentes áreas, el OFS detectó que fue improcedente toda vez que el municipio no pudo comprobar el gasto y no dio certeza de que los materiales entregados fueran aplicados a beneficio de la administración municipal.
La autoridad fiscalizadora resaltó que hubo irregularidades en el pago por el concepto de mantenimiento a equipo de cómputo e impresoras, pues omitieron anexar relación de los equipos que los recibieron, así como el número de inventario, serie, características y firma de la persona que lo tuvo a su resguardo.
El municipio no integró la documentación del prestador de servicio que acreditara que cuenta con los conocimientos y la experiencia necesaria para ejecutar los trabajos a los equipos de cómputo e impresoras.
En cuanto al mantenimiento de vehículos, el municipio omitió describir mediante un lenguaje claro y conciso, en qué consistió el mantenimiento, las fallas de la unidad y el tipo de mantenimiento, ya sea rutinario, preventivo o de reparación.
Esas y otras irregularidades financieras detectadas, dieron como resultado la reprobación de la cuenta pública, por un probable daño patrimonial de tres millones 326 mil 909 pesos, que a su vez molestó al legislador local quien calificó el hecho como un acto con trasfondo político.