El alcalde de Calpulalpan, Edgar Peña Nájera, se encuentra bajo la lupa luego de que el Órgano de Fiscalización Superior (OFS) detectara presuntas irregularidades en la aplicación de recursos destinados al alumbrado público.
Las observaciones fueron detalladas en el Informe Individual de Resultados de la Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública 2023, lo que ha generado suspicacias en el correcto manejo del recurso público.
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Según el reporte del OFS, Peña Nájera deberá justificar los gastos efectuados en la compra y colocación de luminarias, pues se presume que los pagos efectuados no fueron debidamente acreditados.
Observaciones
Las observaciones del organismo fiscalizador señalaron una serie de deficiencias en la documentación presentada por el municipio para respaldar la instalación de nuevas lámparas, lo que sugiere posibles irregularidades en la gestión de estos recursos.
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Entre las anomalías detectadas, destaca la ausencia de un formato de denuncias ciudadanas que indique cuáles fueron las solicitudes de reparación o reemplazo de luminarias en mal estado, además, no presentó una metodología para determinar la cantidad de lámparas que requerían mantenimiento o sustitución, lo que les impidió verificar la necesidad y la efectividad de las intervenciones.
Otra de las observaciones emitidas por el ente fiscalizador es la falta de un croquis detallado para identificar el número de lámparas colocadas, junto con el nombre de las calles y el tipo de material utilizado; omisión que les dificultó la verificación “in situ” del trabajo ejecutado.
Asimismo, el formato de control técnico de alumbrado público presentado por el municipio tiene inconsistencias significativas, pues en muchos casos no especificaron el número de lámparas instaladas, ni incluyeron la copia de identificación de los vecinos beneficiados, entonces, no pudieron confirmar la veracidad de la instalación y el uso adecuado de los recursos.
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El informe del OFS también criticó la calidad de la evidencia fotográfica adjunta, la cual, solo mostró la adquisición del material sin evidencia de su colocación efectiva y en algunos casos, adjuntaron formatos de resguardo a favor del director de Servicios Municipales, pero no presentaron la documentación que justificara la instalación.
El reporte también señaló la falta de un contrato de prestación de servicios que describiera las condiciones, el periodo de ejecución y las personas involucradas en el proceso de instalación de las luminarias, lo cual fue visto como una grave omisión, pues a los auditores les impidió establecer responsabilidades claras y compromisos formales en la entrega de los bienes y servicios adquiridos.
La administración de Peña, refirió, tampoco integró el acta de aprobación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Municipio, junto con documentación soporte, a través de la cual justificara que el proveedor elegido fue la opción más viable, en cuanto a precio, calidad y servicio.