Bernardo Zamora Romero, propietario del inmueble que ocupó la antigua biblioteca municipal de Tenancingo, solicitó la intervención del Congreso del Estado para que la alcaldesa Micaela Guzmán Guzmán cubra los pagos pendientes de las rentas vencidas antes de que concluya su administración.
A través de un escrito dirigido al Legislativo, el afectado refirió que, desde el primero de septiembre de 2017 al 30 de abril de 2020, celebró contratos de arrendamiento con Daniel Martínez Serrano, en su momento alcalde de Tenancingo, por un monto mensual de tres mil 400 pesos, espacio que únicamente podía ser utilizado para la instalación y funcionamiento de la biblioteca municipal.
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Posterior a esa fecha, el último contrato que celebró con dicho exfuncionario fue de manera verbal, pero por el periodo del uno de mayo de 2020 al 31 de agosto del mismo año, de ahí que el dos de septiembre de 2021 la actual presidenta municipal lo citó en su oficina para renovar el contrato de arrendamiento respecto del inmueble en comento, pero por cinco mil pesos mensuales, aunque de manera verbal, el cual estaría vigente durante su periodo de gobierno, es decir, al 31 de agosto de 2024.
Narró que ambas partes acordaron y, a petición de dicha funcionaria, firmarían el contrato por escrito en fechas posteriores, pues harían todo el papeleo correspondiente, de ahí que le solicitó comprensión debido a que acaba de entrar en funciones, pero la biblioteca funcionó normalmente en dicho domicilio sin afectar a la población estudiantil del municipio.
Sin embargo, el quejoso señaló que la alcaldesa le pidió esperar los pagos de las rentas vencidas para el 2022, que no se preocupara, pues el dinero estaba seguro, que era cuestión de que le aprobaran el presupuesto, pero al acudir en fechas posteriores a solicitarle a dicha funcionaria los pagos de las rentas corriente y atrasadas, siempre se negó a pagar bajo mil pretextos y promesas de pagos futuros.
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Asimismo, acusó que el 27 de abril de 2023 mandó al domicilio que ocupa la biblioteca municipal a personal de seguridad pública, tránsito y vialidad del municipio, al contralor del ayuntamiento, personal del mismo; un camión blanco de redilas de tres toneladas, propiedad del ayuntamiento, así como la presencia de la bibliotecaria del municipio y de Adolfo Cuapio Rosete, supervisor de Bibliotecas Públicas del Estado, con el objeto de llevarse a la mala todos los libros y materiales que se encontraban dentro del inmueble que ocupa la biblioteca municipal.
De esta forma, sin autorización suya y sin pagar la renta se opuso a los actos, debido a la deuda que tienen con él, por lo que la autoridad municipal ha intentado abrir el inmueble para sacar los libros y demás accesorios, pero sin lograr su cometido, aunque en febrero pasado el ayuntamiento abrió una nueva biblioteca, a pesar de que la coordinadora estatal de bibliotecas públicas, Leticia Ahuatzi Cervantes, conoce sobre el hecho.
Bernardo Zamora Romero solicitó el monto total del adeudo y el desalojo de la construcción ubicada en esa demarcación.
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Al día de hoy ninguna de las autoridades del ayuntamiento se ha acercado al suscrito ni a los libros de la referida biblioteca municipal como si no les interesara el destino del acervo bibliográfico, lo que causa al suscrito daños y perjuicios debido a que el inmueble sigue ocupado.
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