Con la integración de pruebas de un expediente parlamentario, el Congreso del Estado continuó con el proceso de solicitud de juicio político en contra de Juan Salvador Santos Cedillo, presidente municipal de Huamantla, así como de Rebeca González Hernández, tesorera, y Humberto Adrián Flores Martínez, secretario del ayuntamiento, el cual fue promovido por ciudadanos de ese municipio.
Motivos de los denunciantes, debido a que supuestamente hubo violaciones a sus garantías individuales, supuesto desvío de recursos, violación sistemática a los planes, programas y presupuesto de la administración municipal, para lo que los demandantes tuvieron tres días para aportar las pruebas que pudieran acreditar la responsabilidad política o no de los servidores públicos.
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Una vez con las pruebas necesarias, la Comisión Especial solicitó a los funcionarios los documentos que expusieran el por qué dejaron de cumplir con sus atribuciones legales en favor de los demandantes, entre otros.
La comisión solicitó al Órgano de Fiscalización Superior un informe para conocer si es que realizó recorte presupuestal a los rubros de comunicación social, gasto corriente y gastos de servicios profesionales, además de que pidieron al secretario de Finanzas del gobierno del Estado, David Álvarez Ochoa, informe para saber si del 31 de agosto al 31 de diciembre de 2021 el municipio sufrió un recorte presupuestal y, de ser así, en qué rubros.
Una vez recabada las pruebas necesarias, los integrantes ingresaron los medios al expediente parlamentario, esto para que la Comisión Instructora de Juicio Político determine la procedencia o no del juicio en contra de los funcionarios antes mencionados, todos de Huamantla.
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En esta semana la Comisión Instructora de Juicio Político sesionará para abordar este y otros temas, esto para emitir un dictamen y saber si es procedente o no dicha solicitud.
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