Argumentando autonomía tributaria, siete municipios pidieron al Congreso local que mantengan su propuesta de cobrar el alumbrado público a los ciudadanos, pues el Legislativo local les pidió modificar las propuestas de Leyes de ingreso al considerar cobros abusivos.
Los siete municipios
Los alcaldes de los municipios de Tepeyanco, Zitlaltepec, Santa Cruz Tlaxcala, Mazatecochco, Contla, Ayometla y Santa Apolonia Teacalco, justificaron su intención de hacer efectivo el cobro de ese servicio al señalar que no tienen dinero para pagarlo.
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Con el mismo texto -solo cambiaron los montos, el nombre del alcalde y del municipio- los presidentes avocaron los postulados de los ministros Javier Laynez Potisek y María Aguilar Morales, en torno a la inclusión del cobro del derecho de alumbrado público en Ley de ingreso municipal, para el ejercicio fiscal 2024.
“Se considera Gasto Corriente en los términos de la disciplina financiera de las entidades federativas y en los municipios, pues se define como las erogaciones que no tienen como contrapartida la creación de un activo incluyendo de manera enunciativa el gasto en servicios personales, materiales, suministros y los servicios generales, así como las transferencias, asignación de subsidios, donativos y apoyos”, justificaron.
Los presidentes alegaron que el pago de la energía eléctrica y de los demás elementos materiales y humanos son indispensables para el otorgamiento del servicio de alumbrado, pues abonan a la seguridad de la población, pero la legislación federal lo cataloga como un gasto que debe ser cubierto con recursos municipales.
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“No se puede cubrir con participaciones federales, entonces dejan al municipio en la obligación de solventar tal gasto con recursos propios, los cuales serán insuficientes de no ser incluido el derecho del alumbrado público en los términos propuestos”, insistieron cada uno por separado.
Dada la legislación federal, en materia de coordinación fiscal y disciplina financiera, de la misma Constitución Local, alegaron que el municipio no tiene la obligación de crear condiciones financieras para ser sostenible el servicio de alumbrado público.
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Eso sí, admitieron que la aplicación general de una tarifa única arrojaría un monto demasiado alto y afectaría directamente la economía de los habitantes, en detrimento de sus garantías individuales y de sus derechos humanos, por eso pidieron dejar los cobros como lo propusieron, displicentes y a lo largo de todo el año.
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