La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitió una recomendación dirigida al presidente municipal de Nanacamilpa, Oswaldo Manuel Romano Valdés, la tercera que se registra en el año, por la muerte de una persona en un centro de detención.
Según lo establecido en el documento, el ayuntamiento tendrá que contribuir a la reparación del daño de manera integral a la familia de la víctima y a las investigaciones emprendidas por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) contra tres elementos de seguridad adscritos al ayuntamiento. La recomendación deriva de una muerte registrada el 9 de agosto de 2021, en un centro de detención en el municipio de Nanacamilpa, debido a asfixia mecánica por ahorcamiento, de acuerdo con la necropsia de ley realizada por la PGJE.
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Situación por la que el organismo autónomo estableció que existió una violación a los derechos humanos por parte de la autoridad municipal, entre los que destacó el derecho a la vida, a la integridad y la seguridad personal, además de omisiones a las garantías de personas privadas de su libertad.
Los hechos registrados en agosto pasado en los separos del municipio de Nanacamilpa, refieren que dos oficiales y el comandante en turno adscritos a la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad municipal tuvieron omisiones y un actuar negligente al no realizar la vigilancia continua y permanente de la víctima, quien se encontraba privada de su libertad.
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La omisión de la vigilancia permanente establece que recayó en la no garantía a su derecho a la vida, por no tomar en cuenta el dictamen médico que exponía que la víctima se encontraba desorientada, intranquila y agresiva, además de que el resultado de su examen señalaba que presentaba intoxicación etílica grado III e intoxicación por cristal.
Ante estos hechos la CEDH acreditó la responsabilidad de tres elementos de seguridad pública municipal, el organismo autónomo determinó que el presidente tendrá que emitir las acciones de su competencia para establecer un procedimiento administrativo sancionador y las medidas pertinentes para resarcir el daño a la familia de la víctima.
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También tendrán que contribuir a la investigación de la PGJE sobre el caso y establezca la responsabilidad penal a que haya lugar. Como parte de la reparación integral del daño, la autoridad municipal deberá realizar las compensaciones necesarias y pedir una disculpa pública a la familia.
Pese a la emisión del recurso, el alcalde Oswaldo Manuel Romano Valdés, manifestó en entrevista desconocer sobre la emisión de la recomendación.
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