Diversas irregularidades en la adjudicación de obras, nepotismo, pago de obras sin concluir, omitir la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y un sinfín de anomalías, dieron como resultado un daño patrimonial de 10 millones 233 mil 396.25 pesos para Calpulalpan, por lo que la cuenta pública 2018 fue reprobada.
De acuerdo con el documento de observaciones emitido por el Órgano de Fiscalización Superior y corroborado por la Comisión de Finanzas y Fiscalización del Congreso local, señala que en cuanto a la revisión financiera fueron 22 recomendaciones, 21 solicitudes de aclaración, 63 conceptos de probable daño patrimonial, 85 casos de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria y cinco de promoción del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal.
De igual manera, puntualiza que las irregularidades detectadas a la administración de Neptalí Gutiérrez Juárez sobresale el tema de obra pública, pues no pudo resarcir 74 solicitudes de aclaración y 195 observaciones por probable daño patrimonial, amén de 24 asuntos de promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria.
EL DIRECTOR DE OBRAS NO CUMPLE REQUISITOS
Además de ello, el emanado del Partido Encuentro Social de Tlaxcala mantenía en nómina a su director de obras, pero este no contaba con los requisitos indispensables para ocupar el cargo, al momento de la auditoria, por lo que también fue observada esa irregularidad. En cuanto hace a la verificación de los comprobantes fiscales en el Portal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), el OFS encontró varios documentos sin vigencia, por lo que carecen de requisitos fiscales y por lo mismo no existe certeza de que los bienes o prestación de servicios los hayan realizado, lo cual derivaría en defraudación fiscal.
Así, el monto de comprobantes fiscales digitales cancelados ante el SAT es de 504 mil 765.36 pesos; mientras que los no registrados en los controles del Servicio, asciende a los 96 mil 883.33 pesos; lo cual, suma un total de 601 mil 648.69 pesos de daño a la hacienda pública.
Por todo ello, los legisladores determinaron que el alcalde no ha mantenido los controles y prácticas administrativas adecuadas para el desempeño y ejercicio de los recursos públicos, por lo que no aprobaron la cuenta pública y podrían emprender acciones por la vía penal.
- Además existen 500 observaciones pendientes por solventar, 5 incumplimientos al procedimiento de adjudicación de bienes o servicios entre otros
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