“Se acabó la discriminación para los pueblos indígenas”, dicen pobladores de Cuauhtenco

En sesión vespertina que se prolongó hasta las 20:43 horas de este martes 24 de septiembre, el Senado de la República aprobó por unanimidad la modificación al artículo dos constitucional, que, entre otros aspectos, reconoce a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público.

Y es que después de más de 500 años se salda la deuda histórica con ese sector de la población que involucra hasta hoy a 57 comunidades indígenas de Tlaxcala, que integran el recién creado Catálogo Nacional de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas.

Ramos Rosales Flores, poblador indígena de la comunidad de San Felipe Cuauhtenco. Foto: Cortesía / Armando Pedroza

El decreto tiene la finalidad de elevar a rango constitucional el derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades originarias, lo que implica su capacidad de definir su propio destino, sus formas de gobierno, administración de sus territorios y recursos naturales.

Como muestra, los nativos indígenas de San Felipe Cuauhtenco, municipio de Contla de Juan Cuamatzi, celebran la reforma.

“Ya no seremos invisibilizados ni discriminados”, coincidieron los entrevistados vía telefónica a El Sol de Tlaxcala, aunque consideraron que los pueblos indígenas deben actualizar los usos y costumbres de cada región para autogobernarse.

Y es que, a partir de la publicación del decreto en el Periódico Oficial de la Federación, se reconocerá a México como una nación multiétnica y a las comunidades indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio.

Ahora, elogian los indígenas, seremos tomados en cuenta, no sólo en el desarrollo de nuestras comunidades, sino del país, indicó Marcos Flores, poblador indígena de Cuauhtenco.

Por su parte, Ramos Rosales Flores, integrante del grupo cultural Tlahtoltequitl de la misma comunidad de Contla, detalló que, con la reforma constitucional, se abre un gran potencial para aplicarse de manera retroactiva, “con esta modificación se puede invalidar a todas aquellas decisiones que se tomaron a espaldas y contra la voluntad e intereses de las comunidades indígenas y que afectaron en su autonomía, en su cultura, en su lengua y en su territorio”.