Los ayuntamientos de Tepetitla de Lardizábal, Nativitas e Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, en Tlaxcala, deberán dar continuidad a la recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) debido a la grave contaminación de los ríos Atoyac, Xochiac y sus afluentes.
Aquella recomendación señala violaciones a los derechos humanos relacionados con un medio ambiente sano, saneamiento del agua y acceso a la información, en perjuicio de quienes habitan y transitan en municipios de Tlaxcala y Puebla.
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También va dirigida a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; la Dirección General de la Comisión Nacional del Agua; la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente; y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
Además, abarca a los gobiernos de los estados de Puebla y Tlaxcala, y a los ayuntamientos de San Martín Texmelucan y Huejotzingo, ambos del estado vecino, así como a los municipios tlaxcaltecas mencionados.
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El 29 de julio de 2011, la CNDH recibió una queja presentada por 16 personas en contra de autoridades federales, estatales y locales, quienes señalaron actos y omisiones que han perjudicado a los habitantes de la subcuenca hidrológica del Alto Atoyac.
La queja argumentó que la contaminación de los ríos Atoyac y Xochiac y sus afluentes es consecuencia del desarrollo industrial y el crecimiento desmesurado de la región, lo cual ha generado severos daños a la salud de los residentes.
Aseguraron que los habitantes de la zona presentan niveles altos de daño genotóxico debido a la exposición cotidiana a compuestos tóxicos, de acuerdo con diversos estudios efectuados, desde hace varios años.
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Asimismo, los quejosos afirmaron que las autoridades competentes a nivel federal, estatal y municipal no han actuado con la debida diligencia para abordar la grave situación de contaminación y los daños a la salud derivados, amén de la falta de información adecuada a la población sobre los riesgos a los que están expuestos.
La recomendación 10/2017 de la CNDH obliga a las autoridades involucradas a implementar acciones inmediatas y efectivas para la limpieza de los cuerpos de agua y la mitigación de los riesgos a la salud, así como a garantizar el derecho de la población a vivir en un medio ambiente sano.
Los nuevos gobiernos municipales de Tlaxcala tienen el reto de trabajar en coordinación con las dependencias federales y estatales para cumplir con las obligaciones y proteger a sus comunidades de los efectos nocivos de la contaminación.
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