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Las deudas que mantienen los gobiernos para erradicar las violencias contra las mujeres son enormes y las acciones son ineficientes, pues cada año son asesinadas alrededor de 30 mujeres en Tlaxcala, recriminó Edith Méndez Ahuactzin, directora del Colectivo Mujer y Utopía.
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Frente a Palacio de Gobierno, tras encabezar una marcha pacífica por calles céntricas de la Capital, indicó que delitos como la trata de mujeres, la violencia sexual, la violencia familiar, las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes, las uniones forzadas de niñas y criminalización del aborto siguen vigentes y sin recibir la atención adecuada.
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Las declaraciones de las autoridades no se ven reflejadas en la realidad, pues los obstáculos que enfrentan las mujeres todos los días demuestran la incapacidad, falta de profesionalización, indolencia y graves omisiones, administración tras administración, reprochó.
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Por lo anterior, a nombre de colectivos y asociaciones civiles que participaron en la marcha, exigió al Poder Legislativo armonizar las leyes locales con el Código Penal, relativas al derecho de las mujeres a acceder a una vida libre de violencia, así como vigilar la aplicación del marco normativo con los más altos estándares internacionales.
Al Poder Ejecutivo demandó la existencia de personal capacitado y con experiencia en los diferentes puestos gubernamentales, para que haya una correcta aplicación y funcionamiento de la política pública de prevención, atención y sanción de la violencia de género en Tlaxcala.
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También exigió que sean fortalecidas las instancias de atención a mujeres en situación de violencia en los diferentes niveles de actuación, con recursos económicos, estructurales y de personal suficientes, que garanticen la atención rápida y con perspectiva de género, pertinencia cultural a mujeres con discapacidad y de la tercera edad.
Valeria Cabral, de la colectiva Medusas Sufragistas Tlaxcala, alzó la voz para pedir por la despenalización del aborto, para que las mujeres puedan ejercer su derecho a decidir sobre sus cuerpos; así como garantizar el derecho a la salud desde una perspectiva integral, vigilando que sea aplicada la Norma Oficial, incluido cuando el embarazo sea producto de una violación.
En su pronunciamiento de ayer, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, las activistas y feministas solicitaron la creación de una Fiscalía Especializada para la Investigación del Feminicidio y, entre otras cosas, acatar el cumplimiento de la sentencia “Mariana Lima Buendía”, que establece que toda muerte violenta de mujeres debe ser investigada desde su inicio como feminicidio.
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MARCHA PACÍFICA POR EL 25N
Al grito de: “ni una asesinada más”, integrantes de colectivas y asociaciones civiles marcharon de forma pacífica por calles de la capital, para demandar a las autoridades y a la sociedad no normalizar la violencia que se comete en contra de las mujeres.
Durante el recorrido que hizo el contingente, desde Las Escalinatas de los Héroes hasta Palacio de Gobierno, las activistas y feministas reprocharon a los tres poderes públicos del Estado las múltiples omisiones que existen para garantizar la protección de las mujeres.
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Como una forma de conmemorar el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer exigieron a las autoridades dejar de usar los días Naranja para promocionar a sus instituciones o para simular, pues dijeron que más bien es un recordatorio de un lucha histórica que busca una sociedad igualitaria.
En su marcha lamentaron que los procesos judiciales son tardíos, con audiencias cansadas, y relataron que pueden pasar hasta cuatro años para darle a las familias una luz de esperanza para la justicia, pero advirtieron que seguirán en la exigencia y en la lucha.
La marcha fue de acompañamiento a la familia de Estefani Hernández, quien fue asesinada el tres de diciembre de 2021 en el municipio de Tlaxcala, y al momento no han castigado a su feminicida.
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Colectivos pidieron la eliminación de la posibilidad del proceso abreviado en el delito de feminicidio, al considerarlo un obstáculo más para el acceso a la justicia
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