“No permitiré violaciones a los derechos humanos”, sostiene alcalde de Apizaco tras ofrecer disculpa pública por actos irregulares cometidos durante la administración pasada

Derivado de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos

Diana Zempoalteca / El Sol de Tlaxcala

  · martes 15 de octubre de 2024

Alcalde de Apizaco, Javier Bonilla Rivera, ofrece disculpa pública por recomendaciones en contra de elementos de seguridad pública municipal. Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

El presidente municipal de Apizaco, Javier Rivera Bonilla, aseveró que en su administración no permitirán violaciones a los derechos humanos de la ciudadanía, después de ofrecer una disculpa pública por actos contrarios a la ley cometidos por elementos de seguridad pública.

Desde las instalaciones de la presidencia municipal, Rivera Bonilla cumplió con la disculpa pública a las víctimas, derivado de una recomendación emitida por la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), a la administración del panista Pablo Badillo Sánchez, que no fue aceptada por los responsables de la pasada administración.

Alcalde de Apizaco, Javier Bonilla Rivera, ofrece disculpa pública por recomendaciones en contra de elementos de seguridad pública municipal. Moisés Morales / El Sol de Tlaxcala

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El alcalde informó que giró instrucciones para que se lleven a cabo las investigaciones administrativas correspondientes y en su caso sancionar a las personas servidoras públicas que fueron señaladas por estos hechos.

LA RECOMENDACIÓN

La recomendación fue por tres casos distintos, pero en todos resaltan actos violatorios a los derechos humanos cometidos por elementos de seguridad pública del municipio de Apizaco, que dejaron como saldo a dos personas muertas y a personas lesionadas.

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La primera recomendación corresponde a los hechos ocurridos el 3 de enero de 2022, en el que una persona fue detenida y trasladada a los separos municipales, espacio en el que se registró el deceso de la víctima.

El otro hecho por el que fue observado el municipio ocurrió el 4 de octubre de 2023, cuando a elementos de la policía municipal les fue reportado por parte del C5i la presencia de un sujeto que portaba arma blanca y que registraba conducta agresiva, quien fue detenido por elementos municipales y estos lo golpearon.

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Otra conducta que fue señalada a los elementos de seguridad municipal fue el 13 de diciembre de 2023, en el que se acusa a un elemento de la policía municipal, quien arribó a un local de servicio eléctrico automotriz en estado de ebriedad y exigió le compraran más bebidas embriagantes, el policía accionó su arma de cargo y disparó a una víctima, quitándole la vida.

Por estos hechos que no fueron asumidos por la pasada administración, encabezada por Pablo Badillo Sánchez, Javier Rivera Bonilla ofreció una disculpa pública a las víctimas y tendrá que ser su administración la que asuma la reparación del daño a las víctimas.

ACTUARÉ APEGADO A DERECHO

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En su oportunidad, el alcalde emanado de las filas de Movimiento Regeneración Nacional destacó que siempre actuará apegado a derecho y dará cumplimiento a las observaciones que emitan las autoridades en materia de derechos humanos.

Resaltó que desde que asumió la administración estableció el compromiso de atender todos aquellos asuntos relacionados con alguna queja por violaciones contra la integridad de la ciudadanía, con el objetivo de que sus garantías individuales sean respetadas.

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El alcalde condenó los actos registrados en la anterior administración, por lo que enfatizó que este tipo de conductas no se permitirán en su administración, con el compromiso de no repetición, para garantizar la defensa, protección, respeto y difusión de los derechos humanos.

RESPONSABILIDAD ESTÁ VIGENTE

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En tanto, la presidenta de la CEDH, Jakqueline Ordoñez Brasdefer, señaló que para quienes cometieron estas faltas, la responsabilidad se mantiene vigente, conforme a lo que establece la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

Detalló que será la administración municipal la que determine cuál será la sanción que apliquen a los servidores que han sido señalados por hechos violatorios a los derechos humanos.