Al rendir cuentas sobre la revisión y fiscalización del ejercicio fiscal 2019, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Textle Maldonado, informó que emitieron y notificaron 732 pliegos de observaciones a los 107 entes fiscalizables, lo que en su conjunto representa 16 mil 216 observaciones, de las cuales nueve mil 928 fueron solventadas y seis mil 288 quedaron pendientes.
Ante la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Isabel Casas Meneses, y del presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Miguel Piedras Díaz, señaló que de ese total, seis mil 421 son por probable daño patrimonial a la hacienda pública, y que tres mil 962 son de promoción de responsabilidad administrativa y sancionatoria.
En el Salón Rojo del Congreso local, Maldonado Textle abundó que las principales irregularidades de posible daño patrimonial son por gastos hechos sin documentación comprobatoria, pagos improcedentes, de gastos en exceso sin acreditar, por el uso de recursos en fines distintos a los autorizados, faltantes de bienes muebles, volúmenes de obra pagados no ejecutados y conceptos de obra pagados pero no ejecutados.
Indicó que también notificaron las órdenes de auditorías a los 107 entes fiscalizables con el objeto de revisar los ingresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas gubernamentales para su corrección, por lo que realizaron 672 auditorías: 609 financieras y de obra pública, tres de desempeño y 60 evaluaciones al desempeño, en las que se revisaron fuentes de financiamiento como los ingresos fiscales y participaciones e incentivos económicos.
Comentó que en los municipios encontraron diversas irregularidades como un nivel bajo en el cumplimiento de realización de sesiones, inexistencia de un programa de trabajo de las comisiones que presiden los regidores y que sigue la falta de mecanismos de control para el registro, control e inventario de lámparas, entre otras.
Al explicar que por la contingencia sanitaria a causa de Covid-19 la entrega del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las cuentas públicas de 2019 tuvo un atraso, la titular del OFS aseveró que el proceso de revisión se desarrolló de conformidad con los principios de legalidad e imparcialidad y que con ello cumplen con el mandato legal al que están obligados.
Ahí, reconoció la tarea de los diputados locales, pues señaló que debido a su labor legislativa fue posible actualizar y homologar el marco normativo de fiscalización, siendo el informe de las cuentas públicas de 2019 el último que se presentará con base en la actual Ley de Fiscalización, pues el próximo año será analizado y revisado conforme a la nueva ley.
HAY SEGUIMIENTO DE RESULTADOS ANTERIORES
Agregó que están dando seguimiento al resultado de los informes de revisión y fiscalización de años anteriores, y que en lo que lleva al frente del OFS (desde 2016) han presentado 87 denuncias: 51 ante la Procuraduría General de Justicia del Estado, 34 ante la Fiscalía General de la República 34 y dos ante la Procuraduría General de la República.
Añadió que de los procedimientos resarcitorios se realizaron 462 desde 2011 y que ya fueron resueltos, de los cuales se emitieron 14 procedimientos sancionatorios, 102 condenatorios con resolución a favor de los municipios, 310 en contra del OFS y que 36 están en medio de defensa en diferentes juzgados.
Agregó que como parte de los medios de defensa ante instituciones y otras instancias jurisdiccionales, se presentaron 378 recursos de revocación, 60 juicios de protección constitucional, 149 recursos de revisión y 387 juicios de amparo, “haciendo un total de 974, y tenemos a favor 611, en contra 238 y por resolver 125 y esto depende de las resoluciones de los diferentes juzgado”.
Al rendir cuentas sobre la revisión y fiscalización del ejercicio fiscal 2019, la titular del Órgano de Fiscalización Superior (OFS), María Isabel Textle Maldonado, informó que emitieron y notificaron 732 pliegos de observaciones a los 107 entes fiscalizables, lo que en su conjunto representa 16 mil 216 observaciones, de las cuales nueve mil 928 fueron solventadas y seis mil 288 quedaron pendientes.
Ante la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, María Isabel Casas Meneses, y del presidente de la Comisión de Finanzas y Fiscalización, Miguel Piedras Díaz, señaló que de ese total, seis mil 421 son por probable daño patrimonial a la hacienda pública, y que tres mil 962 son de promoción de responsabilidad administrativa y sancionatoria.
En el Salón Rojo del Congreso local, Maldonado Textle abundó que las principales irregularidades de posible daño patrimonial son por gastos hechos sin documentación comprobatoria, pagos improcedentes, de gastos en exceso, sin acreditar, por el uso de recursos en fines distintos a los autorizados, faltantes de bienes muebles, volúmenes de obra pagados no ejecutados y conceptos de obra pagados pero no ejecutados.
Indicó que también notificaron las órdenes de auditorías a los 107 entes fiscalizables con el objeto de revisar los ingresos, manejo, custodia y aplicación de los recursos públicos, y evaluar el cumplimiento de los objetivos y metas de los programas gubernamentales para su corrección, por lo que realizaron 672 auditorías: 609 financieras y de obra pública, tres de desempeño y 60 evaluaciones al desempeño, en las que se revisaron fuentes de financiamiento como los ingresos fiscales y participaciones e incentivos económicos.
Comentó que en los municipios encontraron diversas irregularidades como un nivel bajo en el cumplimiento de realización de sesiones, inexistencia de un programa de trabajo de las comisiones que presiden los regidores y que sigue la falta de mecanismos de control para el registro, control e inventario de lámparas, entre otras.
Al explicar que por la contingencia sanitaria a causa de Covid-19 la entrega del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización de las cuentas públicas de 2019 tuvo un atraso, la titular del OFS aseveró que el proceso de revisión se desarrolló de conformidad con los principios de legalidad e imparcialidad y que con ello cumplen con el mandato legal al que están obligados.
- Las principales irregularidades de posible daño patrimonial son por gastos hechos sin documentación comprobatoria, pagos improcedentes, de gastos en exceso, sin acreditar, entre otros.
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