El Gobierno del Estado se hará responsable de la rehabilitación, mantenimiento y operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ubicada en Atlihuetzia, en el municipio de Yauhquemehcan, edificada por el gobierno de Marco Antonio Mena Rodríguez y que únicamente funcionó ocho meses.
Javier Israel Tobón Solano, titular de la Comisión Estatal del Agua y Saneamiento (CEAS), informó que recientemente firmaron un convenio con las autoridades municipales por medio de cuál formalizaron la entrega de ese sistema de tratamiento de aguas residuales, a fin de hacer una reingeniería y que la operación quede completamente a cargo de la administración estatal, cuyo costo será de aproximadamente de 800 mil pesos.
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Indicó que, según información municipal, tras su construcción en la administración pasada ese sistema sólo funcionó ocho meses y después sufrió la descompostura de dos bombas, por lo que desde hace más de cuatro años quedó en desuso y en esa zona las aguas residuales no son saneadas antes de llegar al río Zahuapan.
En breve entrevista, el funcionario adelantó que la administración estatal también invertirá 100 millones de pesos para la reingeniería de la planta de tratamiento ubicada en Tlatempan, Apetatitlán, donde ejecutan trabajos con tecnología alemana para ampliar su capacidad de saneamiento.
Por otro lado, destacó que con esa planta de saneamiento el Gobierno tiene a su resguardo 14 sistemas para limpiar aguas residuales, y de los cuales ha rehabilitado las cuatro ubicadas en Ixtacuixtla, Panotla, Tepetitla y Villa Alta, municipio de Tepetitla, que actualmente funcionan al 100 %.
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Aclaró que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene un inventario que señala que en Tlaxcala existen aproximadamente 120 sistemas para el tratamiento de agua, pero que el Gobierno del Estado únicamente opera 14, y el resto están a cargo de los municipios o de las comunidades, y en muchos de los casos al no poder costear el funcionamiento quedan abandonadas.
Destacó que absorber la operación de las plantas de tratamientos fue una acertada estrategia aplicada por la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros, pues además de que los sistemas abandonados o vandalizados fueron rescatados, atiende la Recomendación 10/2017 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.