“Ratero, si te agarramos, te matamos”, es la clara advertencia para quienes delincan en la comunidad de Santa Úrsula Zimatepec, comunidad perteneciente al municipio de Yauhquemehcan.
Como en esta demarcación, son diversas las localidades del estado en las que la advertencia de justicia por mano propia se ha intensificado, a pesar de la existencia de leyes que lo prohíben y de emergente protocolo de actuación para implementarlo cuando ocurran este tipo de actos.
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En Yauhquemehcan persisten visibles lonas con amenazas de linchamiento contra delincuentes, lo cual refleja el hartazgo de los ciudadanos ante la inseguridad.
Este Diario ha registrado que en municipios y sus comunidades las calles se han convertido en escenarios de mensajes que buscan intimidar directamente a los presuntos delincuentes, cuyas advertencias cada día se vuelven más explícitas.
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Aquellas mantas mantienen mensajes que advierten a los delincuentes que serán golpeados hasta perder la vida, como ocurrió en varios intentos en años recientes y con el linchamiento registrado en Tlalcuapan, Chiautempan, el pasado 15 de abril de 2022.
A pesar de los esfuerzos del gobierno por erradicar ese tipo de conductas, los hechos de justicia por mano propia aún representan un desafío, por lo cual, el propio gobierno estatal se vio obligado a crear un ordenamiento legal de actuación.
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Por otro lado, en el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2021-2027 estableció que el protocolo tiene como objetivo primordial garantizar el derecho de las personas a una vida plena, en paz y con acceso a la justicia.
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El PED pretende fomentar la cohesión del tejido social y regenerar éticamente tanto a la sociedad como a las instituciones, pues subraya la importancia de salvaguardar la integridad de las personas, prevenir cualquier forma de violencia y que la justicia se aplique de manera pronta y expedita.
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Mientras que el Informe Especial sobre los Linchamientos en el Territorio Nacional, publicado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) en 2019, confirma que las acciones son producto del hartazgo de la población, que no percibe una respuesta efectiva a los problemas de inseguridad.
Mientras que en las comunidades afectadas los vecinos han argumentado en diversas ocasiones que esos mensajes son necesarios para frenar la ola delictiva que las autoridades no han tenido la capacidad de controlar.
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