/ miércoles 25 de septiembre de 2024

Pide asociación civil ARELIDH le permitan la gestión de recursos públicos

El gobierno federal saliente consideró que ese tipo de agrupaciones sólo buscan sacar provecho de sus supuestas gestiones

Miembros de la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos solicitaron nuevamente ser reconocidos como intermediarios entre los ciudadanos y los gobiernos federal y estatal.

Esa petición fue dirigida a los diputados locales y los nuevos ayuntamientos, con el fin de continuar con su labor como gestores en la obtención de apoyos y recursos para los sectores más vulnerables de Tlaxcala.

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Encabezados por Lucrecia Ortega Sánchez, la asociación -que dice ser parte del cuarto sector de la sociedad- aseguró que fue desplazada desde el inicio del sexenio que está por concluir, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que aquellas asociaciones solo buscan sacar provecho de las supuestas gestiones a pesar de que son programas perfectamente orientados a quienes menos tienen.

Asociación Civil quiere seguir gestionando recursos públicos. Archivo / El Sol de Tlaxcala


Por ello, los integrantes de aquella asociación señalaron que fueron discriminados y excluidos de las gestiones públicas, a pesar de su trabajo de más de 30 años en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo social.

No dejes de leer: ➡️ Piden defensores de derechos humanos que alcaldes los escuchen; demandan exhorto del Congreso

Argumentaron que las políticas del presidente de la República, quien durante su mandato promovió la entrega directa de apoyos a los ciudadanos para evitar la intervención de intermediarios, afectaron gravemente a las organizaciones sociales independientes.

El gobierno aplicó un rasero parejo, pero hay grupos sociales privilegiados que reciben apoyos, programas y subsidios públicos, mientras que las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos sido vulneradas en nuestros derechos”, señalaron en un escrito.

La asociación llamó a los diputados locales a que impulsen reformas a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala o a la Ley que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales.

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Propusieron también que se asigne un presupuesto específico que fortalezca sus actividades y proyectos, lo que permitiría dar continuidad a su labor en beneficio de las comunidades más marginadas del estado.

Asimismo, solicitaron al Congreso local emita un exhorto a los 60 presidentes municipales para que respeten los derechos de petición y audiencia, así como los derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.



Es necesario que las autoridades estatales y municipales reconozcan la importancia de nuestras acciones y contribuciones al desarrollo de Tlaxcala y el país. No pedimos más que lo que por ley nos corresponde”, señalaron los miembros de la asociación.

Te recomendamos: ➡️ Contra la censura y la polarización, asociaciones de prensa firman la Declaración de Santiago +30

EL DATO:

Con el argumento de evitar el clientelismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció los intermediarios que “gestionaban” recursos públicos de programas sociales.

Miembros de la Asociación Regional Liberación en Pro de los Derechos Humanos, Económicos, Sociales y Políticos solicitaron nuevamente ser reconocidos como intermediarios entre los ciudadanos y los gobiernos federal y estatal.

Esa petición fue dirigida a los diputados locales y los nuevos ayuntamientos, con el fin de continuar con su labor como gestores en la obtención de apoyos y recursos para los sectores más vulnerables de Tlaxcala.

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Encabezados por Lucrecia Ortega Sánchez, la asociación -que dice ser parte del cuarto sector de la sociedad- aseguró que fue desplazada desde el inicio del sexenio que está por concluir, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, quien aseguró que aquellas asociaciones solo buscan sacar provecho de las supuestas gestiones a pesar de que son programas perfectamente orientados a quienes menos tienen.

Asociación Civil quiere seguir gestionando recursos públicos. Archivo / El Sol de Tlaxcala


Por ello, los integrantes de aquella asociación señalaron que fueron discriminados y excluidos de las gestiones públicas, a pesar de su trabajo de más de 30 años en la defensa de los derechos humanos y el desarrollo social.

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Argumentaron que las políticas del presidente de la República, quien durante su mandato promovió la entrega directa de apoyos a los ciudadanos para evitar la intervención de intermediarios, afectaron gravemente a las organizaciones sociales independientes.

El gobierno aplicó un rasero parejo, pero hay grupos sociales privilegiados que reciben apoyos, programas y subsidios públicos, mientras que las organizaciones defensoras de derechos humanos hemos sido vulneradas en nuestros derechos”, señalaron en un escrito.

La asociación llamó a los diputados locales a que impulsen reformas a la Constitución Política del Estado de Tlaxcala o a la Ley que Regula el Otorgamiento de Recursos Públicos a las Organizaciones Sociales.

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Propusieron también que se asigne un presupuesto específico que fortalezca sus actividades y proyectos, lo que permitiría dar continuidad a su labor en beneficio de las comunidades más marginadas del estado.

Asimismo, solicitaron al Congreso local emita un exhorto a los 60 presidentes municipales para que respeten los derechos de petición y audiencia, así como los derechos humanos, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Declaración de los Defensores de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.



Es necesario que las autoridades estatales y municipales reconozcan la importancia de nuestras acciones y contribuciones al desarrollo de Tlaxcala y el país. No pedimos más que lo que por ley nos corresponde”, señalaron los miembros de la asociación.

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EL DATO:

Con el argumento de evitar el clientelismo, el presidente Andrés Manuel López Obrador desapareció los intermediarios que “gestionaban” recursos públicos de programas sociales.

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