La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) solicitó al Congreso del Estado la comparecencia del presidente municipal de Apizaco, Pablo Badillo Sánchez, ante su negativa de aceptar la recomendación 02/2021, emitida en 2021.
El organismo autónomo remitió la observación, señalando como autoridad responsable al entonces presidente de la comunidad de San Luis Apizaquito, municipio de Apizaco, quien concluyó su periodo el 31 de agosto del año anterior.
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Al acreditar violaciones al derecho a la libertad sexual, de trabajo y transgresiones al goce de condiciones de trabajo justas, equitativas y satisfactorias en agravio de tres mujeres, dos de las cuales fueron despedidas y una más sufrió diversos descuentos salariales.
El 10 de agosto de 2021, la CEDH emitió la recomendación y notificó al entonces presidente municipal de Apizaco, Julio César Hernández Mejía, pero éste manifestó la no aceptación de la misma, por lo que el organismo autónomo solicitó al actual alcalde Pablo Badillo Sánchez reconsiderar la postura, quien procedió a confirmar la no aceptación.
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Ante estos hechos, la titular de la CEDH, Jakqueline Ordóñez Brasdefer, pidió a la Mesa Directiva del Congreso del Estado, a intervenir a fin de que la autoridad responsable explique su negativa a contribuir con el procedimiento.
En un escrito enviado a la representación legal del Poder Legislativo, queda explicado que el hecho de que la autoridad recomendada, entonces presidente de comunidad de San Luis Apizaquito, haya dejado de ostentar el cargo, no exime al Estado, ni al ayuntamiento de dar seguimiento a la recomendación.
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Conforme a lo establecido en la recomendación, señala que el ayuntamiento de Apizaco deberá colaborar con la CEDH para la presentación de denuncia y seguimiento del procedimiento administrativo ante el órgano interno de control y brindar atención psicológica a las tres personas víctimas.
Asimismo, la reparación del daño a las víctimas; ofrecimiento de una disculpa pública; el diseño e impartición de un curso integral de educación, formación y capacitación sobre las obligaciones del estado en materia de derechos humanos; y la creación de una Unidad de Género.
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