En Tlaxcala las autoridades deben aplicar la ley en los casos de daño patrimonial, de lo contrario seguirán presentándose situaciones similares, aseveró el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), César Reyes Chávez, al referirse a las observaciones de cuentas públicas de municipios y organismos por parte del Órgano de Fiscalización Superior (OFS).
Opinó que la aplicación de la justicia en la entidad no se da como debería, por eso el OFS detectó que no hubo una gestión razonable de acuerdo con las disposiciones legales, contables y administrativas para la aplicación de los recursos.
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Tras pronunciarse por atacar la corrupción porque prevalece en diferentes contextos, César Reyes señaló que en las situaciones donde se detecta un mal manejo de los recursos públicos, es necesario aplicar las leyes estatales y profundizar.
Esperaría que los malos manejos que se están evidenciando, se aplique la justicia como debe ser, las autoridades tienen que hacerlo valer. Ahí entra el Poder Judicial al hacer lo que le corresponde, remarcó.
Sobre la terna de integrantes a ocupar la Fiscalía General de Justicia del Estado, el dirigente de Coparmex confió en que valoren la experiencia y capacidades y no sea un “dedazo”.
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Nosotros como Confederación no podemos decir que siga o no siga Ernestina Carro, nos mantenemos al margen, pero sí apuntaremos lo que se nos hace correcto; que la justicia se ejerza de lo contrario inhibe el crecimiento económico y las inversiones extranjeras, dijo.
En otro tema, Reyes Chávez opinó que la sobre representación en el Congreso de Unión es un riesgo porque pone en duda que sea un Poder autónomo, sino que representa al partido en el gobierno. Puso como ejemplo, la reforma energética que fue avalada por los legisladores sin mover el texto que envió el Poder Ejecutivo.
Consideró que la reforma al Poder Judicial corre el riesgo de ser aprobada sin ninguna modificación por la mayoría de diputados de Movimiento de Regeneración Nacional y sus aliados.
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Luego, lamentó que de cada 100 delitos que se comenten se denuncien 10 y se judicializan el 1 % en el país.
189 millones 444 mil 420 pesos fue la sumatoria que en conjunto municipios y organismos registraron como daño patrimonial.