A ceñir sus conductas al marco legal electoral y regular el funcionamiento de sus respectivas dependencias durante el periodo de campañas, convocó la Secretaría de Gobernación (Segob) a los 44 delegados asentados en Tlaxcala.

Durante su primera sesión plenaria de 2018 y reunidos en las instalaciones del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el representante de la Segob en Tlaxcala, Gerardo Bernardo Cubría Bernardi, manifestó que este año es significativo por vivir el país y la entidad un proceso electoral federal y local, en el que las instituciones deben mantenerse al margen para prevenir posibles delitos.

“Se trata de cuidar que algún funcionario del gobierno federal incurra en actos que representen un delito… esta primera plenaria de delegaciones de 2018 se preparó con un tema fundamental y es que los titulares conozcan con precisión el marco jurídico electoral, la corresponsabilidad con la que deben actuar, transparencia en el ejercicio de sus funciones y cumplimiento de las reglas”

Al cónclave asistieron en calidad de invitados el Vocal Ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, Jesús Lule Ortega; la presidenta del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, Elizabeth Piedras Martínez e Isaac Enrique Sanromán de la Torre, representante de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales.

En su respectiva ponencia, los representantes de las tres instancias electorales detallaron a los funcionarios que encabezan las 44 delegaciones del gobierno federal asentadas en Tlaxcala la competencia de sus funciones.

Aunado a ello, dieron una amplia explicación sobre las causas que podrían significar un delito, el periodo de campañas y veda, las conductas que podrían afectar el desarrollo del proceso electoral y disiparon dudas de delegados sobre sus actividades públicas y políticas.

En términos concretos, las obligaciones, responsabilidades y derechos de los servidores públicos durante un proceso electoral.

A la reunión plenaria asistió Juan Salgado Brito, coordinador regional de delegados de la Segob, quien se mostró satisfecho de que los delegados en Tlaxcala hayan mostrado interés y compromiso para establecer las condiciones que permitan el buen desarrollo del proceso electoral.

“Veo absoluta coordinación de la delegación de la Segob en Tlaxcala con todas las demás delegaciones… este encuentro nos da claridad del papel que cada uno tiene, basados en sus facultades y atribuciones, y hasta dónde está su campo de actuación en un proceso electoral”.

Tras dar por concluido el encuentro y en entrevista, el delegado de la Segob en Tlaxcala Gerardo Bernardo Cubría Bernardi indicó que conforme vaya transcurriendo el proceso proselitista se esperan campañas con acusaciones infundadas, por lo que convocó a los actores políticos a asumir actitudes de civilidad y compromiso social.

“Esta reunión nos conduce a dar un aviso de compromiso y legalidad en todas las delegaciones en el cumplimiento de las normas y reglas del proceso electoral… y desde el punto de vista social, tenemos que priorizar la civilidad y gobernabilidad porque si bien la contienda tiene sus procesos legítimos de contradicción, los actores deben asumir condiciones de civilidad y compromiso social”.

Entre ellas detalló las campañas de odio, descalificaciones, denostación de las instituciones, actos que son muy recurrentes y que, de igual forma, deben ser denunciados para que no sean pronunciamientos infundados.

De igual forma, convocó a los ciudadanos a denunciar si algún funcionario de dependencias federales es cooptado su apoyo para que vote a favor de determinado partido, o bien le retiren su credencial de elector, pues “ningún programa social debe estar condicionado y ningún delegado o servidor público puede caer en ello pues las reglas son muy específicas”.

• ACCIONES INDEBIDAS

-Los servidores públicos deben evitar alguna de las conductas tipificadas como delitos en el Código Penal

-Las violaciones más recurrentes son cuatro y están contenidas en el artículo 407 del Código Penal Federal y cuyas sanciones son de 200 a 400 días de multa y prisión de 1 a 9 años.

-Entre los delitos se encuentran: obligar a los subordinados a votar por un partido político o candidato; condicionar la prestación de servicios para que los ciudadanos voten por un partido político o candidato.

-Destinar fondos públicos que se tienen a su disposición como servidores públicos para apoyar a algún partido político o candidato

-Apoyar a algún partido político a través de los subordinados utilizando el tiempo laboral.